Reino de España: Un plan para salir de la legislatura ciénaga

A pesar de que el cerco de las operaciones anti-corrupción Lezo y Gürtel comienza a cerrarse peligrosamente sobre Rajoy, el presidente del gobierno se prepara en los próximo días, con la inestimable ayuda del Partido Nacionalista Vasco (PNV), a consolidar el marco legislativo presupuestario que le permita cumplir el plan de ajuste trienal pactado con la UE  y la continuidad de su gobierno hasta 2019. Uno de los dos objetivos centrales de esta legislatura quedaría así asegurado.

Reino de España: Un plan para salir de la legislatura ciénagaEl segundo, la desactivación del proceso soberanista catalán, ha conseguido avances significativos en el frente judicial, fracturando la dirección que ostenta aún el PDeCAT, pero sigue chocando con la voluntad muy mayoritaria de la celebración del referéndum de los catalanes.

Todo ello es  posible por la falta de una alternativa política de la izquierda y de una movilización social dispersa, que no acaba de consolidarse en un movimiento unitario contra la corrupción, la austeridad y el gobierno minoritario del PP. ¿Qué hacer?

El escenario del debate-trampa presupuestario

En realidad, el debate presupuestario de 2017 debería comenzar por la credibilidad del proyecto del PP. Desde el de 2012, ninguna de sus previsiones se han cumplido, ni con respecto a las cifras macroeconómicas de referencia ni a la ejecución de las partidas presupuestarias aprobadas por Ley. De hecho, gran parte de los ajustes acordados con la UE se han efectuado a posteriori, por el legalmente más que dudoso método del no desembolso por parte del Ministerio de Hacienda de las partidas asignadas para el año fiscal. Montoro se ha situado así por encima de la Ley de Presupuestos, ajustando en los segundos semestres de forma empírica, y a la vista de las previsiones corregidas de la recaudación fiscal, las asignaciones de gasto de ministerios, autonomías y municipios. Lo que no ha evitado una explosión de crecimiento de la deuda pública hasta el 100% del PIB.

Este mecanismo de gestión del presupuesto no solo es una chapuza fiscalmente. Es también ilegal. Y solo ha alcanzado este punto por la incapacidad de la oposición parlamentaria de articular mecanismos constitucionales de control sobre el ejecutivo y el laberinto procedimental de los recursos ante el Tribunal Constitucional, que solo parecen tener efecto cuando actúa de parte unilateralmente el Gobierno del PP (la llamada “Brigada Aranzadi” de los abogados del estado de la Presidencia del Gobierno). Retirar los recursos formulados contra el Gobierno de la Comunidad Autónoma Vasca ha sido una de las condiciones del PNV para su apoyo a los presupuestos de 2017 del PP.

Pero, ¿qué ocurre si el cálculo del PIB –y por consiguiente de todas las cifras macroeconómicas de referencia- es intencionalmente erróneo? Algo se ha aprendido de las consecuencias de la continua manipulación de las estadísticas económicas por parte de los gobiernos griegos de Nueva Democracia y del PASOK.  Desde hace meses, una serie de economistas de todo el espectro ideológico vienen denunciando ante la Comisión Europea, el Europarlamento y el Eurogrupo que el método de estimación oficial del PIB del Reino de España esta sobrevalorado en un ¡17,5%! (lo que situaría la deuda pública en el 122%) y solicitan que Eurostat realice una auditoria de la contabilidad nacional de 2008 a 2015. Porque el método de elaboración, de nuevo, es en base a las estimaciones mensuales de crecimiento del Banco de España, sin registros contables reales y la reelaboración posterior del INE para confirmar dichas estimaciones. Con los precedentes conocidos a través del caso Bankia sobre el funcionamiento del Banco de España, la aceptación sin más del proyecto presupuestario del Gobierno del PP, como acaba de hacer el PNV, entra dentro de la complicidad. Después de años de desprestigio de las instituciones económicas del estado –de “cocina” reconocida de cálculos como los relativos a la Sareb– cualquier debate presupuestario debe comenzar por la auditoria de las cifras macroeconómicas.

Una de las ironías de la crisis del régimen del 78 es que el gobierno Rajoy ha utilizado sistemáticamente, desde que esta en minoría, el artículo 134 de la Constitución para vetar todas las propuestas parlamentarias de la oposición, alegando que puede tener efectos negativos sobre los presupuestos en curso o previstos. Es más, el mismo método es incorporado al propio texto presupuestario (disposición adicional 127) para bloquear vía congelación de plantillas los intentos de re-municipalización de los servicios públicos privatizados. Pero en seis meses tampoco ha llevado al Congreso de los Diputados ningún proyecto de ley propio (si cinco transposiciones comunitarias pendientes) hasta el proyecto de presupuestos de 2017. La democracia parlamentaria del régimen del 78 ha quedado reducida a un intercambio de monólogos más o menos plúmbeos o irónicos, sin control real de la actividad de un gobierno que funciona a golpe de decretos y reales-decretos, lo que deja en entredicho la supuesta “oposición útil” del PSOE tras su abstención en la investidura de Rajoy.

En esta situación, el inicio del debate presupuestario –después de no haber presentado el PNV una propuesta a la totalidad- comienza con un empate virtual a 175 votos que depende exclusivamente de las negociaciones en curso con el diputado de Nueva Canaria, Pedro Quevedo, inscrito en el grupo parlamentario socialista, que exige 480 millones para el régimen económico y fiscal de Canarias. Dados los métodos de gestión fiscal de Montoro, no existe la menor duda de que el Gobierno Rajoy conseguirá ese voto adicional que le falta para asegurar la aprobación de los presupuestos de 2017, y su posible extensión en 2018 en caso de no poder asegurar la misma jugada con el PNV.

El cerco de la corrupción y la crisis del estado de derecho

Mientras tanto, el Reino de España vive a golpe de los escándalos de corrupción cotidianos de las operaciones Lezo y Gürtel que están desmontando la trama de intereses mafiosos y de la financiación ilegal del Partido Popular en la Comunidad de Madrid tras la detención del expresidentes autonómico Ignacio González el 19 de abril y la dimisión como portavoz del grupo municipal popular de  Esperanza Aguirre. Las operaciones policiales y las investigaciones judiciales siguen en marcha, pero van dejando detrás de si algunas consecuencias provisionales: la relación entre las comisiones ilegales y la concesión de contratos públicos a las grandes constructoras, en este caso OHL, el absoluto descontrol de la gestión de las empresas públicas semi-privatizadas, como el Canal de Isabel II y el carácter organizado de la extorsión, la corrupción y la financiación ilegal de las campañas electorales del PP en la Comunidad de Madrid que vuelven –como si aún fuera necesario después de lo ocurrido en Valencia y Murcia- a confirmar que lejos de tratarse de “casos individuales”, como pretende la ingenua pero interesada tesis oficial del Partido Popular, se trata de todo un régimen económico y social de dominación política.

Por si hicieran falta más confirmaciones, esta semana las investigaciones anti-corrupción se han extendido a la consultora fundada por el Ministro de Hacienda Montoro, dirigida actualmente por su hermano, y a la delegada del gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, por actuaciones durante su etapa de concejal en el Ayuntamiento de Madrid.

Dos aspectos son especialmente significativos, sin embargo, a estas alturas para comprender la profundidad estructural de la crisis del régimen del 78. El primero es el enfrentamiento en el seno del Partido Popular, confirmadas por las declaraciones del sumario, de dos redes corruptas que competían entre si por la extracción de recursos públicos y privados –personificadas por Luis Barcenas e Ignacio González- y entre las que habrían arbitrado los responsables políticos directos a nivel de la Comunidad de Madrid (Esperanza Aguirre) y nacional (Rajoy como secretario general del PP). Dicha información había sido ya filtrada en enero de 2009 para proteger a Rajoy, pero ahora se vuelve contra él, cuando tiene que declarar presencialmente en el juicio oral de la primera causa del caso Gürtel ante la Audiencia Nacional.

El segundo, es la profundización de los escándalos de la fiscalía –a la que ya nos habíamos referido en un editorial de SP– hasta niveles verdaderamente desconocidos y que afectan directamente al fiscal general José Manuel Maza y al nuevo fiscal anticorrupción nombrado por el, Manuel Moix. La intervención de Moix en las investigaciones de la operación Lezo y la denuncia falsa contra los fiscales del caso 3% de CDC en Cataluña están acabando con la credibilidad de la supuesta independencia de los representantes del poder ejecutivo en el poder judicial. La denuncia del presidente de la Unión de Fiscales Progresistas, Álvaro García Ortiz, es demoledora. Pero Moix y Maza siguen en sus cargos con el apoyo del Gobierno Rajoy. E, inevitablemente, se plantean preguntas, como las de Javier Pérez Royo, sobre la verdadera naturaleza del Partido Popular, que se acaban concretando en querellas.

La moción de censura como plan A

A estas alturas, es evidente que la “estabilidad” que reclama el gobierno Rajoy para garantizar la recuperación económica que se atribuye no es otra cosa que una bula de impunidad, para gestionarla a favor de los mismos intereses y con los mismos métodos. Es apuntalar el régimen del 78 para que no se caiga encima.

La crisis del PSOE, tras el golpe interno del 1 de octubre de 2016, le han ganado casi un año hasta que se resuelvan las primarias y el congreso. Pero también han concentrado en ellos gran parte de la indignación social acumulada. La polarización entre Susana Díaz y Pedro Sánchez –más allá de cualquier otra consideración- es entre un intento imposible de restauración  del bipartidismo del régimen del 78 o la búsqueda de una salida controlada del mismo.  Rajoy lo sabe y busca gestionar este interludio del punto de inflexión apoyándose provisionalmente como un mal menor en el autonomismo caciquil canario y el soberanismo pactista de derechas del PNV.

La presión social se ha concentrado prioritariamente en la corrupción y de manera secundaria en la situación económica y social relacionada con los presupuestos, a pesar de la creciente campaña sindical. Es una señal de la hegemonía y del “sentido común” en el que todavía se desarrolla la crisis del régimen del 78, a falta de una alternativa de izquierdas creíble. La gestora del PSOE y Ciudadanos se han visto obligados a articular una “oposición útil” pidiendo conjuntamente la reprobación por el Congreso de los Diputados del fiscal general del estado José Manuel Maza, y del fiscal jefe anticorrupción Manuel Moix. Pero se han negado a incluir al responsable político directo, el ministro de justicia Rafael Catalá –ya en el hit parade de los whatsapp, solo detrás del “se fuerte, Luis (Barcenas)” de Rajoy, con su “que se acabe pronto el lío” dirigido a su amigo Ignacio González- como exigía Unidos Podemos. Según su portavoz en el Congreso, Irene Montero: “Dije que me parecía necesario incluir al ministro de Justicia en la reprobación. Y le planteé también que nosotros no íbamos a hacernos una foto en la que teníamos que salir todos los partidos de la oposición, porque creo que no se corresponde con la situación política del país, porque en realidad hay dos formaciones políticas que sostienen al Gobierno del PP”.

Para confirmar esto último, Ciudadanos, puntualizó: “Nosotros tenemos una estrategia clara: todo lo que esté entre los 150 puntos del acuerdo de investidura lo queremos sacar adelante con el PP”.

La conclusión de Unidos Podemos también fue adelantada por Irene Montero: “Para garantizar la independencia del poder judicial lo mejor es sacar al PP de las instituciones, y para eso hace falta una moción de censura”.

El problema de esta conclusión lógica es que dispone de los medios institucionales para iniciarla, pero no para concluirla. Incluso los ritmos institucionales dependen de la presidenta del congreso, la popular Ana Pastor. Pero, desde el punto de vista mediático, añade aun más vapor al proceso de polarización interna del PSOE, apuntando a la responsabilidad de la estrategia de la abstención de la Gestora, y delimita orillas entre el PP y Unidos Podemos.

Ha permitido al mismo tiempo relanzar el diálogo con los principales actores sociales, en especial CCOO y UGT. Pero necesita apoyarse en una movilización unitaria en la calle –como la que pide Agustín Moreno– y en un giro a la izquierda en las primarias y en el congreso de junio del PSOE para que pueda tener éxito. La propuesta de una moción de censura es situar el objetivo político de una alternativa de izquierdas en esta legislatura ciénaga, modificando así el horizonte estratégico de las elecciones del 2020 de Vistalegre II. E integrar en ella no solo al PSOE que surja de las primarias y el congreso de junio, sino también al movimiento por el referéndum en Cataluña.  Queda ahora el desarrollo táctico de la misma, a nivel social e institucional, para crear las condiciones que la hagan posible.

Ya no se oye solo el croar de las ranas de la ciénaga.


Fuente: G. Buster / Sinpermiso

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