En España mejora la economía a costa de los derechos sociales

El informe “España 2017” de la Comisión Europea sitúa la desigualdad, el riesgo de pobreza y la exclusión social entre los grandes retos que encara la economía española en este décimo año de Gran Recesión/Estafa. “La desigualdad entre el 20% más rico y el 20% más pobre es una de las más elevadas de la Unión y sigue al alza”. La Comisión destaca incluso que la desigualdad en el acceso a la sanidad aumenta significativamente en lo que va de crisis/estafa. Y sigue al alza. El riesgo de pobreza está muy por encima de las cifras que se encontró Rajoy a su llegada a La Moncloa.

En España mejora la economía a costa de los derechos socialesLos niveles, siempre superiores a la media europea, son especialmente elevados en el caso de la infancia y de las personas en edad de trabajar: Bruselas destaca el riesgo de que en España se instalen tasas de pobreza notables incluso entre quienes tienen empleo.

La Comisión Europea ha presentado su documento anual sobre España en el que avisa del riesgo de exclusión social pese al “sólido” crecimiento de la economía. España mantiene una recuperación potente. Ha hecho reformas ambiciosas. Ha estabilizado su banca, reduce el paro, gana terreno en varios frentes. “Pero… persisten desafíos significativos”

Una de cada ocho personas trabajadoras está en riesgo de pobreza. El 28% de la ciudadanía está en riesgo de exclusión social; un tercio de la infancia entra en esa categoría. Uno de cada cuatro contratos firmados en 2016 tuvo una duración inferior a siete días. Hay un “alto riesgo” de que el desempleo de larga duración se enquiste, y el paro juvenil sigue por encima del 40%.

Ni la garantía juvenil ni la tarifa plana a los autónomos ni el resto de planes anunciados a bombo y platillo por el Gobierno (como el programa Prepara, que combate el paro de larga duración) han tenido un impacto significativo, a juicio de Bruselas.

El 22,6% de las y los hijos de personas trabajadoras en España está en riesgo de pobreza, el mayor porcentaje de toda la Unión Europea. El documento explica que la pobreza infantil sigue siendo alta en España “sobre todo por la situación laboral de los padres y el débil apoyo a las familias”.

“Los altos índices de contratos temporales” —el 27%, solo mejor que Grecia— “tienen consecuencias sociales negativas”, “socavan el alza de la productividad y tienen implicaciones fiscales negativas”, en especial sobre la Seguridad Social, que lleva cinco años en rojo.

Sin embargo, Bruselas aplaude la reforma laboral impuesta en España, pero a la vez critica sus efectos sobre la desigualdad, la pobreza y la exclusión social. “El efecto redistributivo del sistema fiscal y de las transferencias sociales es menor que en la UE”, añade la Comisión.

Bruselas subraya la “falta de coordinación” entre los servicios de empleo y sociales, un apoyo a las familias relativamente bajo respecto a los estándares europeos y, sobre todo, una tasa de temporalidad en el empleo que es la segunda peor de Europa y que no ha conseguido reducir la reforma laboral, arrojando datos alarmantes: el 13,1% de las personas trabajadoras españolas están en riesgo de pobreza.

Al final del informe —de 72 páginas, nada menos— hay una referencia a la corrupción en términos poco elogiosos. “A pesar del aumento de las investigaciones no se han puesto en marcha estrategias preventivas”. Los cambios legislativos de 2015, además, “limitan temporalmente las investigaciones y podrían provocar impunidad en los casos más complejos de corrupción”.

La deuda pública se sitúa en torno al 100% del PIB y, pese a los anuncios del Gobierno, se resiste a bajar. No solo eso: la Comisión prevé que el endeudamiento público alcance el 110% del PIB en 2027.

Esta es la visión de la Comisión Europea, plasmada en el Informe España 2017, pero no por ello, oculta sus verdaderos intereses cuando en su informe le recuerda a España que le afea que solo haya seguido tibiamente algunas de las recomendaciones de la Comisión y le pide mano dura con las comunidades en la gestión de las finanzas para que no descuadren los objetivos de déficit. Por eso, Bruselas pide aumentar el control sobre los gobiernos regionales, utilizando más las “herramientas preventivas y correctivas” para mantener la disciplina fiscal.


Fuente: Baladre

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