El estado de emergencia de Etiopía corta las líneas de comunicación y pone a blogueros en riesgo de detención

Un edicto del gobierno bajo el estado de emergencia actual prohíbe la difusión de todo mensaje que se considere que “incita a la violencia”, ya sea a través de internet, de mensajes de texto o de redes sociales. También se prohíbe comunicarse con “elementos del extranjero” o ver los canales de televisión basados en la diáspora africana, como Oromia Media Network y Ethiopia Satellite Television (ESAT).
El 4 de octubre oí que mi amigo Natnael Feleke no había vuelto a casa, a pesar de era casi medianoche en Etiopía. Su familia y amigos se preguntaban dónde buscar al bloguero, que había salido hacía apenas 11 meses de la infame prisión de Kilinto, donde se le había retenido durante 16 meses por las publicaciones de su blog. En un momento en que Etiopía respondía a meses de protestas contra el gobierno, el temor a nuevos ataques hacia blogueros y activistas de redes sociales parecía real.

El estado de emergencia de Etiopía corta las líneas de comunicación y pone a blogueros en riesgo de detención
Etiopía
La familia de Natnael fue en su busca y al final lo encontraron en una de las muchas comisarías de la capital, Adís Abeba. Él y dos amigos habían sido detenidos por hablar de política en público. Natnael fue puesto en libertad al cabo de cuatro días, pero la semana siguiente el gobierno declaró el estado de emergencia, una decisión que ha puesto aún más en peligro la seguridad de blogueros, periodistas e incluso ciudadanos de a pie.
La medida de emergencia se impuso en medio de las protestas antigubernamentales que empezaron en Oromía, la región más grande de Etiopía, y que se extendieron a diferentes partes del país. El 10 de octubre se declaró que el estado de emergencia duraría seis meses, pero para entonces ya habían muerto al menos 500 personas durante meses de protestas, según los informes. Los manifestantes y activistas dependían de las redes sociales para conseguir e intercambiar información, pero las medidas de emergencia prohibían el uso de plataformas como Twitter y Facebook.
El periodismo ya es una de las profesiones más peligrosas en Etiopía. Esto explica por qué un país de aproximadamente 100 millones de habitantes tiene solo un periódico diario estatal y un puñado de revistas privadas que ofrecen una cobertura política limitada y autocensurada. La televisión y la radio pertenecen y están dirigidas principalmente por el estado, con la excepción de una estación de radio llamada Sheger FM en Adís Abeba. Ethio Telecom, el único proveedor de internet y servicios de telecomunicaciones, está también controlado por el gobierno. En los últimos años, este espacio restringido de medios de comunicación ha originado una dependencia de las redes sociales para conseguir información imparcial y relativamente fiable.
Incluso antes del estado de emergencia, el gobierno ya había empezado a responder a la creciente popularidad de Facebook bloqueando sitios web e intimidando a blogueros mediante amenazas de arresto o advertencias en línea por parte de los simpatizantes del régimen. En abril de 2014, la respuesta alcanzó su punto álgido con el arresto del grupo de blogueros Zone 9, a los que después se acusó de terrorismo. Aunque la creciente hostilidad del gobierno ha intimidado a muchos, las redes sociales continúan siendo una plataforma relevante.
Tras las recientes manifestaciones antigubernamentales, las redes sociales se convirtieron en una fuente de información y un espacio para movilizar protestas, así como en una plataforma en la que los ciudadanos expresen su indignación y frustración por los numerosos asesinatos y arrestos cuya autoría atribuyen al gobierno. Este niega que sus fuerzas de seguridad sean las responsables de las muertes. Hasta hace poco, la respuesta del gobierno fue controlar las redes sociales al bloquear aleatoriamente páginas web y aplicaciones VoIP (voz por protocolo de internet).
El estado de emergencia ha intensificado estos controles, incluyendo cualquier red social y limitando al máximo el derecho de acceso a la información pública. Un puesto de mando establecido bajo el estado de emergencia prohíbe la difusión de cualquier tipo de mensaje que se considere que “incita a la violencia” a través de internet o de mensajes de texto. También está prohibido mantener contacto con “elementos del extranjero” y ver los canales de televisión Oromo Media Network y Ethiopia Satellite Television, establecidos fuera del país por la diáspora africana. A la declaración del estado de emergencia le siguió una desconexión total de la red de internet móvil, de las redes sociales y de todas las aplicaciones VoIP en Etiopía.
Las nuevas normas suspendieron, a todos los efectos, los derechos constitucionales, incluido el derecho a la libertad de expresión. Un borrador traducido de la directiva que establece el puesto de mando no menciona explícitamente a qué nivel un mensaje se convierte en “mensaje que incita a la violencia” o quién decide lo que se considera “comunicación que incita a la violencia”. La directiva también ha suspendido el derecho de los detenidos a ser llevados ante los tribunales. En su lugar, el nuevo órgano ejecutivo tiene derecho a detener a cualquier persona sospechosa de haber infringido las normas durante seis meses, sin necesidad de sentencia judicial.
Esta directiva provoca que muchos blogueros y activistas de las redes sociales estén expuestos a detenciones por un periodo indefinido de tiempo sin el debido proceso. La restricción también afectará a blogueros como los miembros del grupo Zone 9, que están tratando de continuar su trabajo tras pasar un año en prisión. La ley pone en peligro a muchos periodistas que estaban usando las redes sociales como un medio de denuncia, comunicación y reflexión. Tienen mucho miedo de haber publicado algo que sea considerado como “incitación a la violencia”.
En estas últimas semanas, el gobierno ha aumentado su mano dura contra las voces independientes, según activistas etíopes e informes de prensa. Un conocido bloguero, Seyoum Teshome, fue arrestado días antes de que se declarara el estado de emergencia; el activista de las redes sociales Eyasped Tesfaye fue detenido la semana en que entró en vigor la nueva directiva y todavía no se le ha permitido acceder a un abogado ni se le ha llevado ante el tribunal; Blen Mesfin, también activista de las redes sociales y miembro del partido de la oposición, ha sido igualmente víctima de esta ola de detenciones arbitrarias.
El discurso político que circula por la red ya refleja el impacto de esta nueva directiva y el bloqueo de las redes sociales y de los datos móviles. En las últimas dos semanas, la información procedente de blogueros y periodistas civiles se ha visto limitada, por lo que las únicas fuentes de información accesibles son el estado y los medios afines al gobierno.

Soleyana S. Gebremichael / UMOYA

Soleyana S. Gebremichael es una de las fundadoras del colectivo de blogueros Zone 9 y una defensora de la libertad de expresión. Abandonó su Etiopía natal en febrero de 2014 tras ser acusada de terrorismo por su blog. Actualmente, Gebremichael trabaja como coordinadora para el Proyecto por los Derechos Humanos de Etiopía (Ethiopia Human Rights Project). Este artículo fue publicado previamente por el Comité para la Protección de los Periodistas, una organización internacional centrada en proteger los medios de comunicación.

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