Juventud Bajo Ataque

Desde el inicio de la guerra contra el narco, lanzada por Felipe
Calderón en diciembre de 2006, se ha visto un número alarmante de
víctimas jóvenes en un contexto de casi total impunidad. Los recientes
casos de las masacres de Ayotzinapa y Tlatlaya, que juntos representan
la muerte o desaparición de 70 jóvenes este año, evidencian la
emergencia nacional que viven hoy hombres y mujeres jóvenes del país.

  1. La guerra contra en narco, estrategia de control social

La guerra contra el narcotráfico, diseñada en los años setenta por el
ex presidente Richard Nixon y profundizada por el también ex presidente
Ronald Reagan, tuvo desde sus orígenes el objetivo de reprimir a la
juventud rebelde. En este periodo histórico, el presidente estadunidense
llegó al poder con muchos flancos débiles, con protestas sociales
masivas en las calles, sobre todo en las ciudades. La guerra en Viet Nam
había generado un movimiento estudiantil radical y fuerte, una
contracultura florecía entre la juventud que rechazaba la cultura
dominante, la población afro-americana se levantaba en defensa de sus
derechos civiles y se gestaron movimientos revolucionarios —igual que en
México y otras partes del mundo en esta etapa de la historia global que
se identifica con el año de 1968.

El modelo de “guerra” contra el narcotráfico de 1971 tuvo como fin
criminalizar a la juventud, cuyos cuestionamientos hacian temblar al
gobierno, especialmente a las poblaciones que más desafiaban el sistema
—afros, latinos y pobres en general—. La economía no proporcionaba a
esta población el empleo digno que reclamaba. Crecía la desigualdad
social, junto con los anhelos de cambio. La guerra contra las drogas fue
un intento de distraer la atención de los problemas internos y
presentar el consumo y tráfico de sustancias prohibidas como el enemigo
número uno para la sociedad.

A cuatro décadas de distancia, la estrategia ha sido alarmantemente
exitosa. De 1980 a 2008, la población encarcelada se cuadruplicó, a 2.3
millones de personas —con un millón de afro-americanos,
que ahora son, junto con los latinos, el 58% de la población
carcelaria. La mayoría está en prisión por delitos relacionados con las
drogas, y entre los jóvenes este es la causa principal, muy por encima
de otros delitos. La guerra contra las drogas y el encarcelamiento de
jóvenes ha sido una manera eficaz de evitar estallidos sociales basados
en legítimos reclamos, en una sociedad en donde hoy en día el 1% de la
población posee el 40% de la riqueza nacional. El blanco de la
estrategia de represión preventiva ha sido claramente la juventud.

Por otro lado, la guerra contra las drogas ha sido un fracaso
estrepitoso en el objetivo presentado por las autoridades, que es
disminuir el tráfico y el consumo de sustancias prohibidas. Los informes
anuales de EEUU muestran que el consumo de drogas se modifica pero no
ha bajado y en el caso de algunas drogas, está creciendo. No hay
indicios de éxito en reducir la oferta, a pesar de las acciones
multimillonarias como Plan Colombia y Plan México (Iniciativa Mérida).

El otro “logro” de la guerra contra las drogas en EEUU ha sido la
criminalización moral, por decirlo de alguna manera, de la juventud
pobre. Insinuar que una persona tenga vínculos con la droga es
suficiente para aislarla socialmente, y restar credibilidad y simpatía
social por las justas demandas de empleo, justicia y derechos humanos de
grupos enteros de jóvenes. En este proceso, los medios masivos de
comunicación han jugado un papel fundamental, al fortalecer el racismo y
la discriminación por edad, y criminalizando a las y los jóvenes,
creando entre la gente miedo de la juventud y sobre todo los pobres,
afros y latinos.

  1. La guerra en México

México no tiene la infraestructura para poder encarcelar a sus
jóvenes rebeldes de la misma manera que lo hace EE.UU., así que en
nuestro país la imposición del modelo de guerra contra las drogas ha
tenido otras vías de aplicación pero la misma finalidad de control
social. Desde 2006, el despliegue de las fuerzas armadas en territorio
mexicano ha sido un elemento indispensable en la estrategia de guerra
contra las drogas. Esta práctica es prohibida o muy restringida en
muchos países, entre ellos Estados Unidos, debido a la probabilidad de
abuso de poder.

La militarización del país ha traído las tristes consecuencias que
hoy están a la vista: más de 100,000 muertos; alrededor de 30,000
desaparecidos; violaciones de derechos humanos; incremento en crímenes
de género; desplazamiento forzado; acoso a migrantes en territorio
nacional; corrupción y colusión; deterioro del estado de derecho. Debido
al desastre que ha implicado para México, el candidato Peña Nieto se
deslindó de la estrategia y el presidente Peña Nieto ha hecho todo lo
posible para no hablar de temas de seguridad e inclusive, con la
colaboración de los medios, controlar la información, cambiar el
discurso y tapar la realidad.

Si se parte del análisis de que la guerra contra las drogas es un
mecanismo de control social y no un mecanismo de combate a la
delincuencia, se entiende por qué Peña Nieto no modifica la estrategia a
pesar de los costos sociales y políticos para su presidencia, y porque
el gobierno de los Estados Unidos no permite que se modifique. La
militarización —sea por parte del Ejército, la Marina o la nueva
Gendarmería, o incluso la policía militarizada— asegura que haya una
fuerza represiva en zonas críticas del país. Ha abierto la puerta a
nuevas relaciones entre el estado y los poderes fácticos, con alianzas
complejas entre fuerzas de seguridad, un mayor número de grupos
criminales e intereses económicos.

El resultado es sangre, y más sangre.

Para la población joven, uno de los primeros focos rojos fue el caso
de los dos jóvenes estudiantes de la universidad en Monterrey, abatidos
por el ejército y acusados —post mortem— de ser miembros del crimen
organizado, incluso con la burda siembra de armas. Ahora, esto se ha
repetido docenas de veces. Según fotos y testimonios, en la matanza por
el Batallón 102 en Tlatlaya se encontraron armas al lado de los
cadáveres de jóvenes en posiciones totalmente inverosímiles. De la
versión de que los 22 murieron en “un enfrentamiento”, salió la voz de
un testigo a decir que sólo uno murió en un enfrentamiento inicial y que
21 fueron ejecutados. Como regateando con la verdad, Murillo Karam
ahora dice que sólo 8 fueron asesinados por soldados actuando por cuenta
propia y todos los demás murieron en un tiroteo.

A pesar de la falta de investigaciones serias, las circunstancias
reportadas por organizaciones independientes indican que las muertes de
jóvenes en el contexto de la guerra se deben a ajustes de cuentas entre
grupos criminales o al interior de un cártel, o ataques por parte de las
fuerzas de seguridad. En el primer caso, la violencia se ha
multiplicado desde el inicio de la guerra, con la fragmentación de los
cárteles y la estrategia de descabezarlos, instigando batallas para el
control de plazas y territorios.

Hay que recordar que aún en el caso de que sean asesinatos entre
miembros del crimen organizado, no exime de la culpa al estado, primero
por su obligación de garantizar la paz y la seguridad; segundo, por la
manera en que la política de estado de guerra propició la violencia; y
tercero por la falta de oportunidades de vida —acceso a la educación y
el empleo— que pone a jóvenes en riesgo de reclutamiento, reclutamiento
forzado o de simplemente estar en el lugar equivocado en el momento
equivocado. En México, más de 7.5 millones de jóvenes mexicanos no
encuentran oportunidades de estudio ni de empleo formal, una situación
estructural que coarta sus perspectivas de vida, sus esperanzas y su
desarrollo humano. En reconocimiento de este hecho, entre las
recomendaciones del Relator Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales
al estado mexicano está la de “introducir políticas públicas efectivas
para prevenir el reclutamiento de adolescentes al crimen organizado.”

Actualmente existen varias formas de violencia del estado contra
jóvenes y todas han crecido notablemente en el contexto de la guerra
contra las drogas. Las formas principales son: ejecuciones
extrajudiciales (asesinatos por parte de las fuerzas del estado sin
proceso jurídico), represión (asesinatos, ataques y/o desapariciones
forzadas que tienen características de persecución por razones
políticas) y “limpieza social” (ataques, desapariciones y asesinatos de
individuos y grupos marginados ocupando espacios públicos, como
poblaciones callejeras, prostitutas, vendedores ambulantes y —según
reportes desde Ciudad Juárez y otros lugares— jóvenes, sólo por ser
jóvenes). Además, la tortura se ha vuelto una práctica más generalizada,
como instrumento de un sistema de justicia que poco tiene que ver con
la justicia.

Todas estas formas de violencia implican graves violaciones de
derechos humanos y se dirigen en contra de la juventud. El relator
informa que existe documentación de la muerte de 994 niños y niñas en la
guerra contra el narco en México sólo entre los años 2007-2010. Los
traumas sicológicas, las heridas y la destrucción del tejido social y
del núcleo familiar tienen altos costos sociales que se viven y se
reproducen por generaciones.

  1. El papel de Estados Unidos en México

Las leyes prohibicionistas en Estados Unidos crean un gigantesco
mercado negro calculado en $38 mil millones de dólares, sólo entre
México y EEUU. Este mercado clandestino permite el flujo de cuantiosos
recursos al crimen organizado, sin ninguna posibilidad de regulación,
control o beneficios sociales.

Para el sistema capitalista la existencia de una economía subterránea
tiene ventajas financieras y políticas. Por un lado, la criminalización
de la droga permite una situación de vulnerabilidad y hostigamiento
permanente contra la juventud frente a las fuerzas represivas del
estado, y asegura que muchos de ellos pasarán tiempo tras las rejas. En
la política exterior, la guerra justifica la intervención extranjera.

Por otro lado, la cantidad de dinero que fluye sin transparencia o
control ha sido un factor, según economistas, en salvar el sistema
financiero global de la crisis de 2008, al proveer liquidez a los bancos
y ser motor de movimientos especulativos de alto nivel. Los bancos
transnacionales no sólo aceptan el dinero del narco, sino que promueven
nuevas y más sofisticadas maneras de lavar dinero y aseguran que fluya
en el sistema financiero “legitimo”.

El acceso a dinero sucio permite financiar actos ilegales en la
política y hasta guerras secretas o prohibidas. El ejemplo más conocido
es el financiamiento de la Contra nicaragüense con la venta de droga en
los barrios estadunidenses por parte de la CIA.

Las formas de intervención extranjera estadunidense han cambiado con
la globalización de las corporaciones y de las élites internacionales
(piensen en el modelo de negocios de Slim, los ex —y futuros—
presidentes mexicanos formados y recibidos en las universidades de EEUU y
presidiendo las mesas directivas de las grandes transnacionales, etc.)
Normalmente, ya no es necesario pagar el precio económico y político de
enviar tropas a América Latina. Gobiernos como el de Peña Nieto hacen el
trabajo sucio de “seguridad nacional” de EEUU y de asegurar el acceso a
recursos naturales y mano de obra para las empresas internacionales. La
frase “seguridad nacional” se pone entre comillas porque este modelo no
asegura la seguridad ni del estado estadunidense ni de la población —ni
de lejos, porque se orienta a la seguridad de los grandes poderes
económicos.

México, laboratorio del libre comercio, se volvió el laboratorio de
estas nuevas formas de intervención bajo el pretexto de la guerra contra
las drogas in 2007. Ese año, menos de un año después de que Felipe
Calderón lanzara la guerra aquí, el entonces presidente George W. Bush
anunció la Iniciativa Mérida, que sigue siendo el eje de la política
EEUU en el país siete años después. La IM, según el primer texto, abarca
el contraterrorismo, la lucha contra el narcotráfico y la seguridad
fronteriza, aunque se conoce más por la guerra contra las drogas.

Las raíces de la estrategia se encuentran en el TLCAN. La integración
económica regional de México, EEUU y Canadá no es tanto la integración
de tres naciones y economías, como un plan que corresponde a los
intereses del súper-poder en medio y que pone los recursos nacionales a
la disposición del sector privado transnacional. Por eso, el regocijo en
EEUU con el paquete de reformas de Peña Nieto que atentan contra la
soberanía y el bien común de México. Las reformas son el sueño de Wall
Street desde el inicio de las negociaciones del TLCAN y representan todo
lo que no pudieron conseguir en la etapa inicial, empezando con la
privatización de PEMEX.

Como se ha dicho, el tratado de libre comercio creó las nuevas
condiciones para la inversión en el país, a pesar de que su nombre
hiciera énfasis en el comercio. Con estas nuevas condiciones muy
favorables, las transnacionales han comprado enormes extensiones de
tierra, han tomado control de procesos productivos enteros, y con la más
reciente expansión de las industrias extractivistas —sobre todo la
minería y pronto la extracción de petróleo—, han logrado quedarse con
concesiones de uso de suelo en todo el territorio nacional.

Los nuevos y posibles inversionistas y los gobiernos que promuevan
las inversiones tenían un problema: ¿Cómo proteger las nuevas
inversiones en México, no frente al narco, porque en 2006 el narco no
presentaba una amenaza económica de mayor impacto a los empresarios,
sino frente a la resistencia del pueblo? La primera respuesta fue el
Acuerdo para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte. La segunda
fue la militarización y creación de un estado policiaco en nombre de la
guerra contra el narcotráfico con el apoyo fundamental de la Iniciativa
Mérida.

Los profundos cambios en uso de suelo y control de rentas y recursos
que implican las reformas estructurales y el TLCAN no han sido fáciles.
En todo el territorio nacional, han encontrado resistencias. En cuanto
se intensifican los cambios, crece la resistencia de pueblos indígenas
que no quieren ser desplazados de sus tierras sagradas, de campesinos
que quieren seguir siendo campesinos, de barrios que rechazan ser
centros comerciales.

Los conflictos por territorios que ha generado el modelo de guerra
contra el narcotráfico se presentan como pugnas entre bandas criminales
pero esta explicación oculta un conflicto más profundo entre los
intereses del pueblo mexicano plasmados en la Constitución y los
intereses del gran capital (incluyendo los narcos). En Colombia, el
desplazamiento por conflictos ha dado lugar a la invasión de
inversionistas transnacionales a tierras indígenas y campesinas con
megaproyectos de palma, minería, y otros. Honduras sigue el mismo camino
bajo el gobierno heredero del golpe de estado y la ruptura
institucional de 2009. En México la correlación entre la presencia de
las fuerzas armadas y un alza en la violencia y la expulsión lleva a la
conclusión de que hay lugares en que al estado le interesa propiciar la
violencia y desplazamiento de la población local.

Hasta ahora el gobierno de EEUU ha enviado $2 mil millones de dólares
en equipo, entrenamiento y servicios a México en la Iniciativa Mérida.
El monto, no despreciable, es una manifestación de una modificación en
la relación en que la seguridad de los intereses de EEUU es primordial y
la intervención, aunque no militar, se ha profundizado en todos los
niveles. Mientras el objetivo se ha presentado como el de fortalecer el
estado de derecho y desmantelar al crimen organizado, los resultados han
sido todo lo contrario.

La guerra contra el narco en México ha permitido un grado de
intervención del gobierno de EEUU en los asuntos de seguridad nacional
de México y en las vidas cotidianas de sus ciudadanos que no tiene
precedente en la historia. El gobierno de Felipe Calderón, con tal de
sostenerse, permitió la entrada de agencias de seguridad, de
inteligencia, de espionaje, además de un número no conocido de empresas
privadas de seguridad bajo contratos gubernamentales, estilo Blackwater.

Ahora las tendencias señalan una modificación del discurso de “la
guerra contra las drogas”. En EEUU, la contradicción entre el discurso
moralista de mano dura contra las drogas, y el fracaso, represión e
hipocresía de las leyes prohibicionistas está logrando romper el
consenso social en torno al modelo anti-narcóticos. Dos estados han
legalizado la mariguana y 19 la permiten para uso medicinal. En países
de América Latina el cuestionamiento al modelo militarizado de guerra
contra las drogas se extiende en este contexto.

En respuesta, las autoridades, y de manera notable el Pentágono, han
introducido términos como “narco-insurgencia” y “narco-terrorismo” para
fortalecer el argumento a favor de las políticas represivas y la
militarización en el continente. A pesar de que no existen evidencias de
una amenaza terrorista internacional desde la región, se prepara un
discurso para justificar la Doctrina Bush de hegemonía estadunidense en
la región.

Se vive un momento de muchos peligros en el país. Hace falta
información y más espacios para discutir y compartir. En esta emergencia
nacional, el futuro del país está en juego, y este futuro es
responsabilidad y patrimonio de la juventud. La guerra contra el
narcotráfico es una guerra del sistema contra la gente joven; y en la
disputa están los recursos de la nación y la vida misma.

Laura Carlsen – es directora del Programa de las Américas en la
Ciudad de México. Este trabajo fue elaborado en el marco de la audiencia
transtemática destruccion de la juventud del Tribunal Permanente de los
Pueblos-Capítulo México.


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