La hora de la Renta Básica

David Casassas – Daniel Raventós  / Sinpermiso
“El moderado es fuerte con los débiles y débil con los fuertes”, escribió el recientemente fallecido Darío Fo. Y su compatriota Marco d’Eramo, refiriéndose también a la moderación, añadió:
“Es curioso que, en política, el término ‘moderado’ haya adquirido una
connotación positiva, mientras que resulte negativo en otros ámbitos de
la vida, sobre todo en forma adverbial: si una persona es moderadamente
inteligente, no queremos decir que es un genio”. Aún así, muchos
prefieren llamarse “moderados”. Debe darles cierta sensación de
equilibrio: ni demasiado a un lado, ni demasiado al otro. Estar
ostensiblemente inclinado a un extremo puede ser motivo de caer bajo la
calificación de radical, extremista, raro, excéntrico, freak. Y
ya se sabe: una persona radical, para muchos biempensantes, es algo no
especialmente aconsejable. En cambio, ser una persona “moderada” es
sinónimo de algo así como ser una persona equilibrada, ecuánime,
centrada.
La hora de la Renta Básica
Viene todo esto a cuento de cómo se despachan debates
sobre las más variadas cuestiones, tal como podemos leer en los más
variopintos lugares. Sin ir más lejos, con la Renta Básica ha ocurrido
lo mismo a lo largo de los últimos años, cuando, por distintas razones,
ha conocido una explosión mediática que ha hecho que opinen sobre ella
las más diversas personas en todos los ámbitos sociales e intelectuales,
con conocimiento sobre la propuesta o sin el menor atisbo de él. Y,
claro está, una forma no infrecuente de saldar una discusión sobre la
Renta Básica ha sido y es alertar sobre su calidad de “radical” o
extrema, por utilizar uno de los muchos términos que se han movilizado
con parecida intención.
Y lo cierto es que necesitamos
radicalidad. Necesitamos radicalidad, primero, porque la magnitud del
golpe sobre las condiciones de vida de la gente requiere respuestas
proporcionadas: conviene tomar consciencia ya, sin autoengaños, de que
el martilleo no hace cierta la creencia según la cual es posible
garantizar al conjunto de la población una vida digna a través de
subsidios para pobres o la quimérica promesa de que el mercado de
trabajo nos ofrecerá bienestar y libertad (¿realmente ese trabajo, en caso de que lo haya, nos hará libres?). Y necesitamos radicalidad, segundo, porque, en general, es bueno ir a la raíz
de los problemas: un capitalismo que ha roto todo posible consenso
social, por limitado que fuera, y que no muestra voluntad alguna de
pacto nos obliga a la osadía de buscar caminos nuevos para retomar el
control sobre nuestras vidas, para reapropiarnos de ellas. Los humanos
tendemos a entender estas cuestiones. No en vano en mayo de 2011 la
indignación nos llevó a clamar que el sistema era “anti-nosotros” y que
medidas como la Renta Básica, entre otras, tenían todo el sentido dentro
de “planes de rescate ciudadano” que pusieran la economía al servicio
de la vida.
Y el espíritu del 15-M sigue presente en nuestras
conciencias. Y no ser quien se es o dejar para “más adelante” un trabajo
político profundo sobre nuestras condiciones de vida (y nos referimos
aquí a un “nosotros” -¡y a un “nosotras”!- que incluye a grandes
mayorías sociales) equivale también a, quizás por comprensibles vértigos
y temores, dejar de ser lo que podríamos ser políticamente. Finalmente,
se trata de una cuestión de realismo. Lo utópico es pensar que el
modelo social y económico en el que el giro neoliberal del capitalismo
nos pretende encerrar es sostenible a medio o largo plazo. Lo utópico es
pensar que las clases populares no se percatan de ello y que van a
sentir verdadero entusiasmo hacia propuestas y medidas que no pueden
entusiasmar porque se limitan a parchear la encerrona neoliberal. La
Renta Básica, garantía de la existencia en condiciones de dignidad y
palanca de activación de vidas más libres, más nuestras, tiene un
potencial de entusiasmo que, quizás, y de la mano de otras medidas,
pueda ensanchar horizontes sociales y, también, políticos.
Porque
lo cierto es que las consecuencias sociales de las políticas económicas
puestas en funcionamiento poco tiempo después de las primeras
manifestaciones de la gran crisis económica de 2008 son, para una parte
cada vez mayor de la población, abiertamente catastróficas. El último
informe de Eurostat ofrecía algunos datos realmente escalofriantes. Uno:
según el indicador AROPE, en el Reino de España, el 28,6% de la
población, es decir, 13.334.573 personas, vivía en 2015 en riesgo de pobreza y exclusión. Otro: el Reino de España es el tercer Estado con mayor desigualdad de la UE, después de Rumanía y Serbia. En efecto, el 10% más rico obtiene un equivalente a la cuarta parte de los ingresos del conjunto de la población. Otro más: la tasa de trabajadores pobres
(es decir, aquellas personas que poseen un empleo legal y que, pese a
ello, se sitúan por debajo del umbral de la pobreza) ha pasado del 11,7%
en 2013 al 14,2% en 2014 y al 14,8% en 2015. Y otro: según la compañía
suiza de servicios financieros globales UBS AG, sólo 22 multimillonarios
españoles tienen una fortuna equivalente al 5% del PIB del Reino de
España. Y todavía más: según el último informe de Oxfam, se estima que
62 personas poseen la mitad de la riqueza mundial, y la parte de esa
misma riqueza mundial que corresponde a la mitad más pobre ha disminuido
en un 38% desde 2010. Asimismo, 188 de las 201 principales empresas (es
decir, el cártel de Davos) están presentes en, por lo menos, un paraíso
fiscal (con un capital de alrededor de 7,6 billones de dólares, lo que
equivaldría, cada año, a 190.000 millones extra en impuestos y a
disposición de los gobiernos).
La suerte, pues, se halla
distribuida de un modo profundamente desigual. Y lo cierto es que, así
las cosas, la población pobre o en riesgo de pobreza, que ve arruinadas
sus condiciones de existencia material, pierde la capacidad de aguantar
la mirada a sus semejantes, de vivir sin verse obligada a bajar los ojos
por depender de ellos, y experimenta, en suma, cómo desaparece la
posibilidad de aspirar a ser hombres y mujeres libres. Hemos insistido
muchas veces en ello: no se trata simplemente de una cuestión de
desigualdad social; cuando se carece de recursos, lo que está en juego
es la libertad de cada uno y, a la postre, de la mayoría. Resulta
sorprendente, pues, observar cómo en los programas o entre las
inquietudes de los miembros de los partidos de izquierda, esta cuestión
de las exigencias de igualdad como condición de posibilidad para la
libertad de todos y todas queda difusa en el mejor de los casos y
ausente en los peores (huelga decir que la derecha no muestra ningún
problema con tener a un cierto porcentaje de la población atemorizada
tanto por el mal presente que está viviendo como por el peor futuro aún
que puede llegar).
De ahí la Renta Básica. Pero, ¿por qué hoy,
especialmente? Aunque algunos de los que defendemos la propuesta de la
Renta Básica, una asignación monetaria incondicional, universal e
individual, lo hemos hecho en situaciones de mayor bonanza económica,
creemos que constituye una medida que debe ser defendida todavía más
aquí y ahora, esto es, en el actual contexto social y económico. A
diferencia de otras personas y grupos que en algún momento la
defendieron y que han dejado de hacerlo o que ahora creen necesario
proponerla para un futuro más lejano, estamos convencidos de que cada
vez hay más motivos para promoverla en estos momentos. Vayan unas pocas
de estas razones, que apuntamos sintéticamente:
1) Empecemos por
la mencionada aceleración de la pobreza y el paro. Constituye éste un
fenómeno de especial relevancia en una economía como la del Reino de
España, caracterizada como está por la permanencia de altos porcentajes
de paro, incluso en situaciones económicas menos desfavorables que la
actual. A lo largo de los últimos 37 años, la tasa de desempleo sólo ha
bajado del 10% en tres ocasiones. Los datos de la OCDE sobre el paro
desde 1978 hasta hoy son también contundentes: el Reino de España es el
Estado en el que la tasa de desempleo ha superado durante más tiempo, 26
años, el 15%. El segundo Estado, a muchísima distancia, es Irlanda; y
el tercero, Eslovaquia. Conviene añadir a estos datos el hecho de que
esta economía es también vanguardia mundial del empleo de corta
duración, con todas las implicaciones que esto supone tanto para la vida
laboral y cotidiana de millones de personas como para la economía en su
conjunto.
No estamos sugiriendo con todo esto que el trabajo
asalariado propio del capitalismo nos parezca un punto de partida social
y moralmente adecuado para construir sociedades cohesionadas y justas.
Todo lo contrario: es bien sabido que el contrato laboral, que
normalmente se firma bajo todo tipo de coacciones inducidas por la
desposesión material y simbólica de las clases trabajadoras, implica
pérdida de libertad por parte de la mayoría: cuando trabajamos para
terceros porque no nos queda otra, y cuando lo hacemos empujados por la
desesperación a la que nos conduce el lodazal de la precariedad, nos
adentramos en todo un mundo de subordinación y dependencia en el que
entregamos a quienes nos contratan buena parte, si no toda, de nuestra
capacidad de decidir cómo trabajar y cómo vivir.
Sin embargo, lo
cierto es que nacimos en un mundo en el que había un consenso básico,
todo lo trágico que se quiera (que lo era, por las razones que acabamos
de apuntar), en el que se suponía que la seguridad socioeconómica venía
dada por la seguridad en los ingresos, y ésta, por nuestra participación
en el mercado de trabajo. Pues bien, ese consenso está hecho trizas. El
sueño, angustioso o no, acabó. Y al sueño angustioso lo siguen, por lo
menos de momento, mayores dosis de angustia: ni hay trabajo asalariado
para todo el mundo ni, como se ha visto, tener empleo es sinónimo ya de
obtener ingresos suficientes para llevar una vida digna. Para las
grandes mayorías sociales, sólo queda la súplica: la súplica de un
empleo, la súplica de un empleo lo menos degradante posible, la súplica
de un subsidio (condicionado, claro está). Vivimos, pues, en un
escenario social marcado no sólo por grandes desigualdades; vivimos en
un mundo en el que las grandes mayorías sociales pierden niveles de
libertad a marchas forzadas. Y huelga decir que una cosa y la otra se
hallan profundamente relacionadas: cuando unos pocos logran hacerse con
el control de dosis ingentes de recursos -hemos dado ya sobrados datos
al respecto-, estos pocos se hallan capacitados para imponer condiciones
de vida al resto de la población. Malas noticias, pues, para la
libertad del conjunto de la ciudadanía.
2) Centrémonos ahora en el
empeoramiento de las condiciones de trabajo de las personas que tienen
empleo. Conviene recordar una vez más el llamado “efecto disciplinador”
del desempleo. El economista Michal Kalecki, entre otros analistas pero a
través de una brillante argumentación, aseguraba que cuanto más nos
apartamos del pleno empleo, más aumenta el “efecto disciplinador” de la
fuerza de trabajo. Efectivamente, a mayor vulnerabilidad, a mayores
posibilidades de perder el puesto de trabajo por el incremento de la
población desempleada -lo que Marx había llamado “ejército industrial de
reserva”-, mayor es la disposición, por parte de estas clases
trabajadores vulnerables, a aceptar sin rechistar el empeoramiento de
las condiciones laborales: menores remuneraciones, mayores horas de
trabajo, vacaciones más cortas, contratos de duración más limitada, etc.
A finales de 2016, tras cerca de 10 años de políticas económicas
austeritarias y tras toda una ristra de reformas laborales que
flexibilizan el despido y precarizan las condiciones de trabajo,
observamos con claridad cómo opera el “efecto disciplinador” del que nos
hablaba Kalecki: en ausencia de recursos incondicionales que actúen
como auténtico colchón, que es lo que nos ofrece la Renta Básica, la
alternativa que supone el quedarse sin trabajo siempre es peor. Y, en
consecuencia, agachamos la cerviz y aceptamos lo que se nos impone.
3)
Hemos insistido en otros lugares acerca de los estudios, cada vez más
numerosos, que coinciden en señalar la no muy lejana substitución de
muchos tipos de empleo por la acción de robots y de otros dispositivos
automáticos. Por mucho que los economistas más fanáticamente
neoliberales proclamen, sin evidencias demasiado convincentes, que la
pérdida de puestos de trabajo quedará compensada por los empleos de
nueva creación en el seno de los nuevos sectores tecnológicos, parece
que la reducción de puestos de trabajo remunerado está siendo y será un
hecho. ¿Es eso un problema? No necesariamente. Desde las tradiciones
emancipatorias, se ha subrayado siempre la necesidad de que los seres
humanos podamos dedicar un número limitado de horas al trabajo
actualmente remunerado por los mercados, para liberar tiempo y energía
para otros tipos de trabajo, igualmente necesarios (o más) desde un
punto de vista social y económico: trabajos de cuidado y atención a las
personas dependientes -todos y todas lo somos, bien mirado-, formas
diversas de participación política, trabajo artístico, etc. Sin embargo,
la gran pregunta que nos acecha y acechará es la siguiente: estos
“otros trabajos”, ¿son (o serán) remunerados por los mercados o habría
que hacerlos gratis et amore? Ante la evidencia de que no
contamos con la seguridad de que la práctica de estos “otros trabajos”
nos vaya a proporcionar ingresos, medidas como la Renta Básica, que nos
garantizan recursos de forma incondicional, adquieren el mayor de los
sentidos técnicos y éticos.
4) Centrémonos ahora en cuestiones de
fiscalidad. Desde muchos ámbitos (políticos, sindicales, académicos,
etc.) se están proponiendo reformas fiscales de envergadura. El actual
sistema impositivo -pensemos, sin ir más lejos, en el IRPF- es
escasamente progresivo, como lo muestra lo poco que varía el índice de
Gini antes y después de la aplicación de este impuesto. Es bien sabido
que los niveles de presión fiscal que observamos en el Reino de España
se sitúan muy por debajo de la media europea, lo que debe ser corregido
para ensanchar el alcance y el margen de maniobra de la política
pública. Por otra parte, la política fiscal y la política social se
hallan normalmente harto disociadas, lo que en muchos casos acarrea
problemas de equidad. Precisamente por ello, la propuesta que se hace en
un modelo de financiación de la Renta Básica que se ha trabajado en el seno de la Red Renta Básica
integra parcialmente la política fiscal con la política social: se
analiza cómo una reforma del IRPF ligada a la introducción de una Renta
Básica impactaría en el sistema de transferencias al conjunto de la
población y qué cantidades deberían aportar los distintos sectores
sociales para coadyuvar al sostenimiento financiero del sistema.
5)
Las medidas puestas en funcionamiento para combatir la pobreza en el
Reino de España han demostrado su fracaso. Como señalan estudios ya
numerosos, incluso allá donde los subsidios condicionados son más
generosos y se hallan sujetos a condiciones menos severas -pensemos en
el caso de la Comunidad Autónoma Vasca-, las administraciones se
enfrentan a graves dificultades a la hora de lograr los objetivos
marcados: la presencia de la trampa de la pobreza y del paro, la
estigmatización de los perceptores, los costes administrativos, las
dificultades para detectar a los beneficiarios, etc., entre otros
fenómenos, constituyen obstáculos insalvables para erradicar la pobreza.
En efecto, según el último informe de la Red Española de Lucha Contra
la Pobreza y la Exclusión Social, el 17,6% de la población de Euskadi es
pobre o vive bajo el riesgo de caer en la exclusión social.
6) La popularidad de la Renta Básica ha incrementado a lo largo de los dos últimos años. Se reconocía en un Briefing
del Parlamento Europeo de septiembre de 2016: “La Renta Básica está
atrayendo una atención creciente en Europa”. A lo largo de estos últimos
meses, medios como The Guardian, The Economist, The Wall Street Journal, The Financial Times, The New York Times, Le Monde y Der Spiegel,
por citar sólo algunos de los más conocidos, han dedicado numerosas
páginas a la Renta Básica. Esta atención generalizada a la propuesta
ha
puesto de manifiesto algo que quizás pasaba más desapercibido cuando no
era una medida tan observada: que hay visiones y versiones de la Renta
Básica bien dispares: algunas son muy de derechas, otras son de centro y
otras, de izquierdas. Y el criterio, a buen seguro infalible, para
saber la orientación política de cualquier defensor de la Renta Básica
es doble: en primer lugar, conviene averiguar cuál es la propuesta de
financiación; y, en segundo lugar, interesa evaluar qué medidas de
acompañamiento -prestaciones en especie, sobre todo- se contemplan como
parte del paquete de medidas en el que se ubica la Renta Básica. Los
defensores de derechas pretenden desmantelar el Estado de Bienestar (o
lo que queda de él, si lo hubo) “a cambio” de la Renta Básica. Los de
izquierdas pretenden una redistribución de la renta de los más ricos al
resto de la población y el mantenimiento, o incluso el fortalecimiento,
del Estado de Bienestar -mucho se ha escrito sobre las
complementariedades y sinergias entre la Renta Básica y las políticas de
bienestar-. Sin ir más lejos, en el último congreso de la Red Mundial
para la Renta Básica (BIEN, por
sus siglas en inglés), celebrado en Seúl en julio de 2016, dicha
organización, que agrupa a estudiosos y activistas de muy diverso signo
ideológico, decidía por mayoría que, tras el giro neoliberal del
capitalismo, no se puede dejar espacio ya para la ambigüedad. Así,
añadía a la definición tradicional de la Renta Básica -un ingreso
individual, universal e incondicional-, recogida en sus estatutos, el
siguiente redactado, de ambiciones “emancipatorias”: “[…] y
suficientemente alto como para que, en combinación con otros servicios
sociales, constituya parte de una estrategia política para eliminar la
pobreza material y para facilitar la participación social y política de
cada individuo. Nos oponemos a la sustitución de servicios sociales o
derechos […]”.
7) La Renta Básica no pretende ser solamente una
medida contra la pobreza. Se trata de una medida de política económica
que, a través de una estructura tributaria progresiva, permitiría
financiar la existencia material del conjunto de la población, lo que
acrecentaría su libertad efectiva. Ni que decir tiene, ello tendría un
impacto considerable en la estructura de los mercados, empezando por el
mercado de trabajo: al permitir la desmercantilización de la fuerza de
trabajo, fortalecería el poder de negociación de las clases populares,
que podrían escoger entre mantener su fuerza de trabajo dentro de los
merados laborales -y, en ellos, negociar mejores condiciones de trabajo y
de vida- y salir (quizás parcialmente) de ellos y optar por
otras actividades, remuneradas o no, que hoy quedan bloqueadas por la
necesidad de aceptar lo que “se ofrece”, cuando se ofrece, en dichos
mercados de trabajo. En este sentido, no puede decirse que la Renta
Básica -una Renta Básica acompañada de otros derechos sociales
igualmente importantes- sea una medida intrínsecamente anticapitalista;
pero sí puede afirmarse que contradeciría el principal elemento
disciplinador del capitalismo, a saber: la compulsión a vender la fuerza
de trabajo a la que se somete a la población desposeída. Con ello, las
clases populares se reapropiarían, siquiera parcialmente, del legítimo
derecho a decidir qué tipo de vida quieren vivir.
De todas estas
cuestiones, y de algunas más, se discutirá en el próximo Simposio de la
Renta Básica, que será el decimosexto y que tendrá lugar en el Aula
Magna de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad del País
Vasco, en Bilbao, los próximos 18 y 19 de noviembre. Quizás algún
biempensante moderado no quede muy satisfecho con este XVI Simposio,
pero volvamos a recordar a Marco d’Eramo: “que el biempensante moderado
no modere nuestra confianza en el futuro”.

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