La reforma agraria es todavía un tabú en Guatemala

Expansión de monocultivos y extractivismo  niegan derecho a la alimentación y a la defensa

No hay datos estadísticos más claros. Más del 50 por
ciento de la población de Guatemala vive en pobreza y casi el 13.5 en
pobreza extrema. A nivel rural estos porcentajes se elevan hasta el 72 y
21 por ciento respectivamente. Casi el 50 por ciento de niños entre 0 y
5 años sufre de desnutrición crónica, con una tasa de anemia del 48 por
ciento.
Guatemala tiene también uno
de los índices de Gini -el que mide el nivel de concentración de la
tierra- de 0,84, muy cercano a 1 que significa la concentración
total[1], y pasó de ser un país autosuficiente en términos alimentarios a
un país dependiente de la importación de alimentos.

 Foto: Giorgio Trucchi
Según Carlos Barrientos, secretario ejecutivo del Comité de Unidad Campesina (CUC),
estos datos serían el resultado de un modelo político y económico que
privilegia la expansión de monocultivos a gran escala e impulsa con
fuerza el extractivismo y los megaproyectos energéticos, a costa de los
derechos de las personas y la soberanía alimentaria del país.
En el marco de la Misión Internacional de
seguimiento sobre el derecho a la alimentación y ataques a defensores de
derechos humanos en Guatemala, La Rel conversó ampliamente con el directivo del CUC.
-Uno de los enfoques de la Misión Internacional es analizar la situación del derecho a la alimentación. ¿Cuál es tu evaluación?
-La situación es muy grave y hay tres
elementos que lo confirman. Somos el país con el porcentaje más elevado
de desnutrición infantil crónica del continente, hay un proceso
acelerado de concentración de tierra como resultado de la expansión de
los monocultivos para la producción de agrocombustibles, y somos muy
vulnerables antes los embates del cambio climático, como por ejemplo la
sequía que se dio este año.
En este sentido, las condiciones de acceso a
la alimentación para la mayoría de la población son muy precarias, al
tiempo que no existe ningún interés en incentivar, apoyar y proteger la
producción agrícola campesina, que en Guatemala representa más del 50 por ciento de la producción nacional de granos básicos.
-¿En qué manera la expansión de monocultivos afecta el derecho a la alimentación?
-Estamos hablando de más de 300 mil
hectáreas sembradas con caña de azúcar y más de 100 mil hectáreas con
palma africana. En el caso de la palma hay un proceso muy acelerado de
expansión.
Entre 2005 y 2013 casi se ha cuadruplicado
la extensión de tierras destinadas para este cultivo, y hasta hay zonas
donde la palma ya está compitiendo con la caña de azúcar. En su mayoría,
son grandes latifundistas nacionales que siguen acaparando tierras,
algunos de ellos relacionados con la narcoactividad.
Esta situación está afectando en gran medida
la capacidad de las familias indígenas y campesinas de arrendar tierras
para sembrar y cosechar sus granos básicos, y esto afecta gravemente su
capacidad de sustentarse y alimentarse.  
-Por un lado el Estado no incentiva
la producción agrícola campesina, por el otro vemos a grandes
corporaciones agroindustriales apoyando programas de distribución de
alimentos para paliar el hambre…
-Es un gran negocio para las empresas
transnacionales. Aprovechan la crisis generada por fenómenos naturales,
las declaraciones de “estado de emergencia” y el hambre de la gente,
para enriquecerse más.
Además, se están adueñando de las
palabras, las vacían de su contenido original y las devuelven con otros
significados, creando mucha confusión. Ahora escuchamos a Monsanto
hablar de desarrollo y de soberanía alimentaria. Todo esto es una
vergüenza.
-¿Qué proponen los movimientos como alternativa a este modelo?
-Hemos presentado una propuesta de ley de
desarrollo rural integral, que encamina acciones dirigidas a fortalecer a
los pequeños productores y a los campesinos y campesinas sin tierras,
obligando al Estado a poner énfasis e invertir en ellos.
Por primera vez los protagonistas son los pobres del campo, es decir los que con su trabajo dan de comer a Guatemala.
Además, uno de los elementos estratégicos de esta ley es el de la
soberanía alimentaria, y el Estado tiene que trabajar para alcanzarla y
garantizarla.
También se crean los Tribunales Agrarios,
para que los conflictos de tierras se diriman en esta nueva instancia,
sustrayéndolos de los tribunales penales que generan la criminalización
de la demanda de tierra.  
Lamentablemente, hay varios sectores de la sociedad guatemalteca que se oponen con fuerza a que se apruebe esta ley.
-¿Cuáles son estos sectores?
-Fundamentalmente son los grandes
terratenientes aglutinados en la Cámara del Agro, pero tampoco podemos
olvidar que la riqueza de la oligarquía guatemalteca se origina en el
campo. Aunque varios empresarios ya se dedican al comercio, a los
servicios y a la finanza, nunca abandonan sus raíces.
En este sentido, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras(CACIF)
ha mostrado un rechazo cerrado e ideológico a este proyecto de ley, y
ha hecho de todo para que se engavetara en el Congreso, argumentado que
se trata de una reforma agraria solapada.
-Como si “reforma agraria” fuera una mala palabra o algo despreciable…
-Aquí en Guatemala, para el
sector empresarial hablar de reforma agraria es tabú. Históricamente es
algo impensable e inaceptable. Cualquier cosa que ellos crean que puede
favorecer a los pobres del campo genera una oposición cerrada y
enfermiza.
-Durante estos días, hemos escuchado
a pobladores que nos explican como la resistencia y la protesta contra
un modelo basado en monocultivos, extractivismo y mega-proyectos, es
criminalizada, judicializada y reprimida.
-Estamos asistiendo a una remilitarización
de las zonas donde hay resistencia y protesta de las comunidades que se
oponen a proyectos mineros, hidroeléctricos y a la expansión de los
monocultivos de caña y palma.
En estas zonas de alta conflictividad es
donde han vuelto a abrirse bases militares que se cerraron a raíz de la
firma de los Acuerdos de Paz en 1996. Esto demuestra que el despliegue
militar está en función de proteger los intereses económicos y
comerciales de estas grandes corporaciones.
Pero esto va más allá. Hay un uso masivo de
los medios de comunicación para atacar, desprestigiar y tildar de
comunistas y terroristas a las personas que se oponen a este modelo, así
como han vuelto a surgir grupos neofascistas, como la Liga Pro Patria y
la Fundación contra el Terrorismo, que promueven el odio, la violencia y
la construcción social del miedo.
De igual manera, se generan falsas
acusaciones contra los miembros de la resistencia que derivan en órdenes
de captura, procesos viciados y detenciones, y han vuelto a resurgir
prácticas del pasado, como secuestros y asesinatos, que involucran tanto
a los aparatos represivos del Estado como a guardias privados.
Todo este esquema está generando fuertes divisiones en las mismas comunidades y debilitamiento de la lucha.
-¿Quiénes están detrás de toda esta maquinaria que produce odio y terror?
-Cuando hablamos de minería, energía y monocultivos estamos hablando de las principales familias ricas y poderosas de Guatemala.
En este sentido, las comunidades indígenas y campesinas se están
enfrentando a los verdaderos poderes económicos del país que,
generalmente , están asociados a grandes corporaciones transnacionales.
En este contexto, las instituciones del
Estado son cómplices por acción u omisión de esta situación, violentando
los convenios internacionales ratificados por Guatemala, aprobando leyes que favorecen a las empresas y otras que atentan contra los derechos fundamentales de la población.
Además, se ha dado un uso excesivo de la
declaración de “estado de excepción”, que suspende varias garantías
constitucionales y que abre paso a la represión contra los movimientos
populares.
-Con mucha dificultad, pero las comunidades y los movimientos mantienen su lucha…
-Las comunidades están recuperando las
prácticas ancestrales y están impulsando la agroecología y la
agricultura familiar, y esto permite contrarrestar un poco los embates
del modelo sobre el derecho a la alimentación.
Además, tenemos una gran experiencia,
capacidad y fortaleza en resistir. Nos estamos articulando para que las
experiencias locales de resistencia se conviertan en algo mucho más
amplio a nivel territorial.
Fuente: rel-luita

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