Megaminería en Ecuador: pocos avances y multiplicación de conflictos

La minería,
de ser rechazada en Ecuador por consideraciones ambientales, territoriales,
humanas, sociales y políticas, pasó a ser ensalzada como la panacea para su
economía presente y futuro. Aquí, los giros y las contradicciones de esta
política.


 Megaminería en Ecuador: pocos avances y multiplicación de conflictos
Le Monde Diplomatique

La actividad minera en el Ecuador no es de ahora. En
tiempos recientes toma aliento en los años 80 del siglo anterior, fruto de las
presiones y orientaciones del Consenso de Washington en América Latina y del
Banco Mundial como herramienta estratégica para dicha operación.

Presiones efectivas. Durante las dos últimas décadas del
siglo XX el país asistió a una espiral especulativa en materia de concesiones
mineras que desembocó en que 5.629.751 hectáreas del territorio nacional –el 20
por ciento del país– terminara concesionado, pero que de estas solo el 7 por
ciento correspondieran a concesiones mineras activas. Zonas indígenas, reservas
naturales, tierras agrícolas, páramos, fuentes de agua e inclusive áreas
urbanas, formaron parte del territorio concesionado a la minería,  93 por ciento del cual fue objeto del mercado
especulativo minero.

Unos años después, en la primera etapa del gobierno
Correa e inmersos ya en el proceso constituyente de Montecristi, el 18 de abril
de 2008 fue expedido el Mandato Constitucional Minero, sustentando que el marco
jurídico vigente era insuficiente y escasamente respetado en lo referente a la
protección del ambiente y a los derechos de los pueblos indígenas y
afroecuatorianos. Con esta normativa pretendían ordenar la caótica situación reinante
en el sector minero nacional (ver recuadro).

Más allá de las buenas intenciones de los entonces asambleístas
constituyentes, la realidad de la acción política del gobierno nacional devino
en notables incumplimientos al respecto. Ni revirtieron todas las concesiones
al Estado, ni se cumplió con la extinción del conjunto de concesiones mineras
requeridas, entre ellas las que estaban en manos de exfuncionarios
gubernamentales.

El 12 de enero del 2009 el gobierno del presidente
Correa procedía con la rápida aprobación de una nueva Ley de Minería[1], proceso
que conllevó la ruptura política entre el oficialismo verdeflex y el movimiento social más importante del país, la
Confederación Nacional de Organizaciones Indígenas del Ecuador (Conaie), que consideró
que con la aprobación de esta ley violaban el derecho a la consulta previa
pre-legislativa a los pueblos y nacionalidades indígenas; el principio de
división y jerarquía de las leyes, al tener ésta visos de inconstitucionalidad
y carecer de lineamientos respecto al mandato minero; se procedía con la
violación del derecho a los territorios indígenas; además de violentar el
principio de excepcionalidad de la actividad privada en sectores estratégicos.

En su Informe a la Nación del 15 de enero de 2009 el
presidente Correa expresaría la siguiente cita memorable: “No daremos marcha
atrás en la Ley de Minería, porque el desarrollo responsable de la minería es
fundamental para el progreso del país. No podemos sentarnos como mendigo en el
saco de oro”.

A pesar de las violaciones sobre el mandato
constitucional que la Ley de Minería conllevó, no puede obviarse que este marco
normativo supuso determinados alcances superadores del viejo sistema
implementado durante el modelo neoliberal, especialmente en lo atinente con el
pago de regalías por parte de las empresas concesionarias, dineros destinados a
proyectos de desarrollo local a través de los gobiernos seccionales. Sin
embargo, el 13 de junio de 2013, fruto de la presión de las transnacionales
mineras y apenas unos días después de que Kinross Gold Corporation anunciara su
salida del país con el abandono del proyecto minero Fruta del Norte en la
provincia de Zamora Chinchipe, el gobierno procedía a reformar la Ley de
Minería[2]
con el fin de reimpulsar una fracasada inversión extranjera en este sector.

Influencia minera canadiense 

En Toronto está ubicada la bolsa minera más grande
del mundo, en la que actualmente tienen registro 3.827 compañías, de las cuales
1.673 son senior y junior. De estas, 491 empresas
canadienses operan en América Latina, levantando en el año 2012 aproximadamente
U$D 1.900 millones de capital accionario en el subcontinente.

Con estos antecedentes, sobra indicar que el origen
de la inversión minera en Ecuador proviene en su mayoría de empresas
canadienses, las cuales gozan del sostenido apoyo de su gobierno tanto a nivel
fiscal, como político, financiero e incluso diplomático[3].

En este sentido, cabe referenciar que en las semanas
posteriores a la aprobación del Mandato Constituyente Minero, tanto las
empresas como la diplomacia canadiense buscaron incidir en la política interna
ecuatoriana, forzando diversas reuniones con el presidente Rafael Correa. El
propio Ian Harris, exvicepresidente de la compañía Corriente Resources, con
operaciones extractivas en el mega-diverso y ambientalmente muy sensible territorio
de la Cordillera del Cóndor, reconocería públicamente que “la embajada
canadiense en Ecuador trabajó sin descanso para incidir en los cambios en la
política minera ecuatoriana”[4].
De igual manera, Benjamin Little, ejecutivo de la compañía Iamgold –entonces
concesionaria del proyecto aurífero Quimsacocha en la provincia del Azuay–, declararía
públicamente que “el gobierno canadiense está más comprometido con Sudamérica
que con África, especialmente en la región andina”.[5]

En resumen, la complicidad entre gobierno y
transnacionales mineras canadienses es tan grande que permite un marco ampliado
de impunidad para que estas compañías mantengan, con escaso pudor, una fuerte
campaña de comunicación global por la cual se referencian como ejemplo de
empresas con reputación corporativa responsable respecto a sus actividades
extractivas.

Nueva dependencia respecto a China

En China, al igual que en el resto del planeta, la
minería le pertenece al Estado, aunque estratégicamente se impulsan las
inversiones de sus mismas empresas hacia otros países, con el fin de aprovechar
recursos y mercados externos.

En la actualidad, la mayoría de las empresas major interesadas en los proyectos
extractivos de las junior canadienses
en Ecuador son de origen chino. A través de la compra por parte del consorcio
chino Crcc-Tongguan (conformado por las empresas Tongling y China Railways) de
la compañía canadiense Ecuacorriente Resources, los asiáticos asumieron el
control de los proyectos cupríferos Mirador –ubicado en la provincia de Zamora
Chinchipe– y Panantza San Carlos –provincia de Morona Santiago–, ambos en fase
su final de exploración. Adicionalmente, la empresa minera china Junefield
adquirió a mediados del pasado año el proyecto de oro río Blanco en la
provincia del Azuay. Estos mega emprendimientos mineros, sumados a los
proyectos en manos de INV Metals de Suecia y Lundin de Canadá conforman en la
actualidad el escaso bagaje de los emprendimientos “estrella” del sector minero
ecuatoriano. Según el recientemente conformado Ministerio de Minería, se espera
la inversión de al menos 400 millones de dólares durante el presente año para
la fase de puesta en marcha de la producción extractiva de minerales en dichos
proyectos.

Tras el último viaje a China del presidente Correa y
su séquito ministerial, las empresas mineras Jinxing, South American Iron and
Steel y Poly Metals, todas de procedencia del gigante oriental, han manifestado
interés por nuevos proyectos mineros de cobre y hierro en distintas zonas del
Ecuador.

Como puede verse, las empresas chinas carecen de
reparos a la hora de asociarse con empresas nacionales para la explotación de
proyectos mineros fuera de sus fronteras. Por diferentes partes de América
Latina pueden verse las alianzas estratégicas entre empresas chinas y mineras
estatales latinoamericanas, valga como ejemplo la asociación entre Minmetals y
Codelco en Chile, así como la multiplicación de convenios entre empresas
mineras canadienses y chinas para la intensificación de las relaciones
comerciales y empresariales entre ambos países. Según el que fuera ministro
canadiense de Comercio Internacional en el período 2008-2010, el conservador
Stockwell Day, esta relación comercial tiene un potencial “casi ilimitado”.[6] De
igual manera, el CEO de la canadiense Quadra Mining LTD, Paul Blythe, llegaría
a decir al respecto de una importante inversión hecha en América Latina por la
State Grid Corp of China: “nosotros traemos la experticia, ellos ponen el
dinero sobre la mesa”.[7]

 

Un especulativo futuro prometedor con alto costo
ambiental

Si bien hasta ahora la importancia económica de la
minería en el Ecuador ha sido marginal, con el arranque de la minería metálica
a gran escala por parte del actual gobierno, la proyección es que produzca un
aporte de entre el 4 y el 5 por ciento de su Producto Interno Bruto (Pib), pretendiendo
generar en los próximos veinte años unos 10.000 nuevos puestos de empleo y una
inversión cercana a los U$D 37.000 millones, según indica el Plan Nacional de
Desarrollo Minero ecuatoriano.

En función de que Ecuador ya habría alcanzado el pico
petrolero según la teoría de Hubbert, el gobierno incrementa su apuesta por la
extracción de minerales metálicos, pretendiendo paliar la futura disminución de
ingresos petroleros con la actividad minera. Al respecto, las estimaciones de
metales presentes en los yacimientos ecuatorianos más importantes se elevan a
250.000 millones de dólares –según datos de la Cámara de Minería del Ecuador–,
cuyo monto proviene en lo fundamental de los supuestos existentes en reservas
de oro y cobre. Sin embargo, cabe señalar que estas cifras están sustentadas a
partir de información proporcionada por empresas transnacionales que
desarrollaron sondeos sobre territorio ecuatoriano, las cuales son propensas a
engordar sus datos con el fin de atraer accionistas y otros mecanismos de
inversión hacia sus proyectos de explotación.

Esta ambigüedad, forma parte del juego en la Bolsa de
Valores del mercado minero, en la cual se desarrolla una fuerte especulación
respecto a la compra y venta de acciones de este tipo de empresas, motivo por
el cual es muy difícil tener una estimación real del mineral existente en el
subsuelo.

Además, tomando en cuenta solo el proyecto de cobre
Mirador y con base en los datos del informe “Alcance al Estudio de Impacto
Ambiental Ampiatorio”[8],
dicho yacimiento generará como mínimo 326 millones de toneladas de desechos, lo
que equivale a 405 años de producción de basura en las circunstancias actuales
de la zona urbana de Guayaquil (la primera ciudad en número de población del
Ecuador), y cuyos costos de remediación están escasamente contemplados.

El impacto que tal desplazamiento de rocas conlleva
para el entorno ambiental es difícil de predecir, especialmente en todo lo
referente a contaminación de aguas, riesgos de accidentes y otras
perturbaciones físicas y químicas para el entorno. Volviendo al estudio
referido, en la Cordillera del Cóndor –uno de los límites amazónicos entre
Ecuador y Perú– no existen datos hidrometeorológicos, a pesar de que por su
pluviosidad abundante, estos son indispensables para desarrollar estimaciones
mínimamente aceptables.

En todo caso, la apuesta del gobierno ecuatoriano por
superar la dependencia extractivista con más extractivismo y de caminar hacia
un modelo de desarrollo postextractivista aumentando los niveles de explotación
sobre sus recursos naturales, siembra muchas dudas a la par que alguna irónica
mueca. Lo normal en estos casos es que con el desarrollo de la megamineria se
profundice la modalidad de acumulación extractivista ya existente en el país,
históricamente causante del subdesarrollo nacional y de su actual dependencia respecto
a los mercados globales de commodities.

Minería y
criminalización de la protesta social

Según la información recopilada en el “Mapa de criminalización
por oposición a la actividad minera del Ocmal (Observatorio de Conflictos
Mineros de América Latina)”[9], durante
los últimos años es notable el incremento de la criminalización de la protesta
en zonas de proyectos mega-mineros.

La información recogida por el Observatorio cuantifica
procesos desarrollados entre noviembre del 2003 y enero del 2014, clasificando
la información en cuatro tipo de categorías: amenazas, atentados/asesinatos,
judicialización y uso de la fuerza. El caso ecuatoriano registra reportes en
todas las clasificaciones, siendo la judicialización el ámbito que más casos
incorpora, al reportarse un extenso número de expedientes contra dirigentes
comunitarios que lideraron el rechazo a la minería en sus correspondientes comunidades
y territorios en resistencia.

Según el observatorio, la protesta social de estas
comunidades o colectivos humanos coloca en riesgo las inversiones millonarias realizadas
o proyectadas para los territorios en conflicto, motivo por el cual el Estado
entiende de manera cada vez más acentuada que dichas manifestaciones son una
actividad peligrosa, subversiva e incluso hasta de índole terrorista, que pone
en riesgo las inversiones extranjeras pendientes de recibirse por el país.

Sin embargo, hasta el momento las acciones de control
social emprendidas por el gobierno no neutralizan los niveles de rechazo que el
extractivismo minero encuentra en los territorios afectados. Es más, al analizar
los datos registrados en las elecciones seccionales de febrero del 2014, puede
comprobarse que en los territorios en conflicto el voto del electorado optó por
las posiciones políticas más críticas y cuestionadoras de la acciones
gubernamentales de carácter neoextractivistas.

En estas condiciones, cabe rememorar una frase del
académico catalán Joan Martínez Alier, considerado por muchos como padre de la
economía ecológica, cuando indicaba ante una pregunta realizada por un
periodista afín: “no sé si hay un ecologismo infantil pero si creo que hay un
desarrollismo senil”.[10]

Recuadro Propósitos del Mandato Constitucional Minero

Fueron establecidas varias
medidas, entre las cuales destacan: el cese de todas las concesiones que no
cumpliesen con las obligaciones establecidas en la ley respecto a inversiones y
pago de patentes; la eliminación de las actividades mineras en territorios
protegidos, zonas de amortiguamiento, o aquellas que  afecten a nacimientos y fuentes de agua;
eliminación de concesiones que en número mayor de tres hubieran sido otorgadas
a una sola persona natural o a su cónyuge, o a personas jurídicas y sus
empresas vinculadas; en el caso de la pequeña minería, minería artesanal y de
subsistencia, se estableció que ninguna persona natural o jurídica pudiese poseer
títulos mineros de manera individual o en conjunto, que excedan las 150
hectáreas o exploten más de 150 toneladas al día; por razón de privilegios
obtenidos por ocupación de cargos públicos, se declaró la extinción de
concesiones mineras de los funcionarios y ex funcionarios del Ministerio de
Recursos Naturales, Ministerio de Energía y Minas, y Ministerio de Minas y
Petróleos, así como de sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y
segundo de afinidad; se estableció también la moratoria de nuevas concesiones
hasta la entrada en vigor de la Constitución –en aquel entonces en elaboración–
y de una nueva legislación minera; así como la creación de la empresa nacional
minera –Enami– y la prohibición de los monopolios en el sector[11].


[1] Ley
de Minería, Registro Oficial, Administración del Sr. Ec. Rafael Correa Delgado,
año III-Quito, jueves 29 de enero de 2009- número 517.
[2]
Ver artículo “Reforma a Ley
Minera fue aprobada” enhttp://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101520981/-1/Reforma_a_Ley_Minera_fue_aprobada.html#.VOyV2bOG_r8
[3]
Al respecto se recomienda
lectura del libro “Imperial Canada Inc
de Alain Deneault y William Sacher. Talonbooks, Vancouver, 2010.
[4]
Sovereignty negotiated: anti-mining movements, the state, and
multinational mining companies under Correa´s 21 st Century Socialism
”, in
Social Conflict, Economic Development and Extractive Industries: Evidence from
South America, Jennifer Morre y Teresa Velásquez, A. Bebbington (ed). London:
Routledge.
[5]
Ecuador Mineral´s Crossroads, Canada´s commitment?” Ian Harris, FocalPoint, Canada´s
sporlight on the Americas, junio de 2008, Vol. 7, num. 5, Fundación Canadiense
para las Américas.
[6]
Le potentiel pour le commerce Canada-Chine “quasi illimité”, Alan Campbell, Xinhua, 24 de
diciembre de 2009.
[7] Declaraciones recogidas en el libro
La minería a gran escasa en Ecuador
de William Sacher y Alberto Acosta. Editorial Abya Yala. Quito, 2012.
[8]
Revisión crítica parcial del “Estudio
de Impacto Ambiental para la Fase de Beneficio del Proyecto Minero de Cobre
Mirador” de la empresa Ecuacorriente, Ecuador. http://servindi.org/pdf/eia_mirador.pdf
[10] Le Monde Diplomatique edición Bolivia 12/2008: entrevista de Marc Saint-Upéry a
Joan Martínez Alier.

[11]
Mandato Constituyente No. 6:
Mandato Minero http://www.recursosnaturales.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/08/MANDATO-MINERO-6-CONCESIONES-MINERAS.pdf



Por Decio Machado / Director de la
Fundación Aldhea y miembro del equipo de redacción del periódico español
Diagonal



Publicado en Le Monde Diplomatique / Marzo 2015

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