Reino de España: Cataluña en el laberinto autoritario de Rajoy

David Companyon / Sinpermiso

Más de 400 personas elegidas democráticamente en Catalunya están encausadas judicialmente. Entre ellas, la presidenta del Parlament, diputados, el anterior President, y alcaldesas y concejales. Es una persecución política. Es un ataque a los derechos de personas elegidas democráticamente por el pueblo, y encausadas por ejercer la voluntad popular.

Tras el cambio de ciclo que supusieron las elecciones en Galicia y Euskadi, donde PP y PNV lograron mantenerse en el gobierno, llegó la abstención del PSOE para que Rajoy siga al frente del gobierno del Reino de España. Esa casta que sólo está interesada en mantener su status quo en un régimen corrupto ha conseguido mantenerse a flote.

Reino de España: Cataluña en el laberinto autoritario de Rajoy

Pese a ello, la inestabilidad será la normalidad en el próximo periodo, pues siguen sin taponarse las vías de agua que se producen por ser el segundo país más desigual de Europa, por el empobrecimiento y la precarización de las condiciones de vida de millones de personas o la impugnación a la totalidad del régimen por el movimiento soberanista en Catalunya.

Ese cambio de ciclo será más lento de lo que deseábamos, pese a la innegable realidad que suponen los ayuntamientos de cambio o la fuerza que representa Unidos Podemos. La hegemonía sigue en manos de las fuerzas que apuntalan este régimen moribundo que, lógicamente, se resiste a morir y en su resistencia llegará a límites que convertirán la democracia ligth que tenemos en una caricatura del monstruo con la que Gramsci definía los interregnos.

El neoliberalismo de Rajoy tiene todas las condiciones para mutar en un neoliberalismo autoritario.  Ya tenemos la Ley Mordaza, no toleran ni los memes y ahora tendremos juicios políticos.

Un juicio político

Para muestra un botón: la Comisión del Estatuto del Diputado del Congreso ha decidido con los votos a favor de PP, PSOE y C’s seguir adelante con el suplicatorio contra Francesc Homs, diputado de la antigua Convergència. (El suplicatorio es el trámite imprescindible para poder juzgar a un diputado o diputada). En este caso es el Tribunal Supremo que lo quiere someter a juicio por la consulta sobre la independencia de Catalunya del 9 de noviembre de 2014, si la mayoría del Congreso lo aprueba en las próximas semanas.

Los tres partidos del Régimen han rechazado las alegaciones del propio Homs y del resto de partidos que se opusieron (EnComúPodem-Unidos Podemos y las confluencias, ERC, EH Bildu y PNV).

El hecho tiene una especial relevancia. Se trata de juzgar a un diputado, no por un caso de corrupción o por estafa, sino por un motivo claramente político. Todos los partidos contrarios a aprobar el suplicatorio han comparecido en rueda de prensa y han asegurado que rechazan que se procese  a un parlamentario  “por motivos políticos y por sus ideas”. Así mismo, lamentaron que el PSOE actúe como “cooperador necesario en este atentado contra la separación de poderes”.

Independientemente de si Homs nos cae mejor o peor (quien esto escribe ha combatido desde el escaño en el Parlament de Catalunya y desde la calle en multitud de manifestaciones, su papel en las políticas neoliberales del gobierno de Artur Mas, tan similares a las de Rajoy) con este juicio lo que está en juego es la utilización de las leyes -que no son neutrales- para amordazar el propio concepto de democracia.

Homs será enjuiciado, no por las consecuencias de sus políticas de recortes sociales o por los casos de corrupción de Convergència, sino por ser parte de un gobierno que ejecutó el mandato del Parlament de Catalunya, que fue aprobado por una amplísima mayoría, mi voto entre otros muchos, mandato que reflejaba el clamor popular expresado en las gigantescas manifestaciones de los 11 de setembre de 2012, 2013 y 2014. La realidad es que ahora el Tribunal Supremo realizará un juicio político, que en realidad lo es contra la mayoría de un pueblo cuya ciudadanía quiere votar para resolver un conflicto político.

No está de más recordar como la Ley de partidos, votada por PP, PSOE y CiU (ahora Homs va a probar los ingredientes autoritarios que su partido votó) y que fue creada como una ley de excepción para ilegalizar a los independentistas vascos (jamás para ilegalizar a un partido como el PP que ha sido imputado por corrupción). No es exagerada la comparación con la situación que estamos viendo en la Turquía de Erdogan, donde está exprimiendo al máximo las leyes para ilegalizar o detener al principal partido de la oposición, el partido de izquierdas pro-kurdo HDP. Cambian las formas, no los objetivos: forzar la ley y los poderes del Estado para evitar el debate político y resolverlo democráticamente. En ambos casos, la negación del derecho a la autodeterminación por parte de nacionalismos de Estado.

¿Diálogo? ¿Qué Diálogo?

El momento en el que se ha producido esta votación, a la semana de la formación del nuevo y “dialogante” gobierno Rajoy, en el que la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría es señalada como la responsable de la “carpeta catalana”, queda claro que el “diálogo” nace muerto en relación a los conflictos abiertos con Catalunya.

Se sigue la senda de la Fiscalía General del Estado que ha llevado el peso de la querella (con la opinión contraria de los fiscales del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya) contra Artur Mas, Irene Rigau y Joana Ortega, también por la votación del 9 de noviembre, o la más reciente contra la presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell, por la votación sobre el Comisión de Estudio del proceso constituyente. De nuevo en la querella contra Forcadell se criminalizan las ideas y el debate (la votación no tenía efectos jurídicos) allí donde la soberanía del pueblo está representada por sufragio universal: un Parlamento.

La delegada del Gobierno Rajoy en Catalunya, Llanos de Luna, ha emprendido una cruzada contra los ayuntamientos catalanes, más de 400, que exhiben las “estelades” (banderas independentistas) en sus casas consistoriales o por declarar no festivo el 12 de octubre o la razón que sea…

Por no hablar de las 35 leyes o decretos aprobados por el Parlament que han sido impugnados por el Gobierno del PP y suspendidos por el Tribunal Constitucional, de las cuales, casi la mitad, el 43%, tienen un marcado cariz social como la Ley 24/2015 fruto de una ILP contra la pobreza energética y la emergencia habitacional, la Ley de igualdad entre hombres y mujeres o la Ley del impuesto a las viviendas vacías. Sólo el 28% de las leyes tenía un cariz soberanista, como la Ley de la Agencia Tributaria o la Ley de Consultas Populares vía referéndum.

Impedir cualquier cambio

La mal llamada “judicialización de la política” no es sino el sometimiento de la política a las leyes (que sólo defienden los intereses de una minoría que controla el Estado) y en ese sometimiento  se vislumbra una tendencia que va alimentando el neoliberalismo y los partidos populistas de derechas: sustituir la democracia por un Estado-Autoridad que tenga como a función reprimir la posibilidad de un cambio de sistema.

Von Clausewitz, teórico de la ciencia militar moderna, escribió: “la guerra es la continuación de la política pero por otros medios”; hoy bien podría escribir que la “judicialización de la política es la forma de declarar la guerra por otros medios”. 

¿Cuántos cargos electos acabarán imputados, encarcelados? Este domingo, 13 de noviembre, Barcelona ha vuelto a presenciar una enorme concentración contra la imputación a la Presidenta del Parlament, Carme Forcadell y de los centenares de electos investigados por el aparato judicial. Y el lunes, o el martes, o el miércoles… desde el gobierno volverán a impugnar una ley o se volverá a imputar o denunciar a algún cargo electo por sus ideas políticas, como el concejal de Vic, Joan Coma o a Montserrat Venturós, alcaldesa de Berga, por colgar una bandera. Esta última detenida el mismo día en que se presentaba en sociedad el gobierno Rajoy y los ministros juraban su cargo ante el Rey. Detenida por negarse a declarar ante el juez e imputada por mantener la “estelada” en el balcón del Ayuntamiento. Otro ejemplo de cómo el “Estado de derecho no cederá ni un milímetro ante el desafío separatista” según el ministro de Justicia. En toda Catalunya se produjeron manifestaciones de apoyo a la alcaldesa de la CUP.

Quienes han dirigido la operación para apuntalar a Rajoy –desde grandes empresas, el grupo Prisa, hasta Susana Díaz- siempre pusieron como principal razón “el interés de España”. El PSOE, argumentaban, no podía negociar, ni aceptar los votos de los partidos que cuestionan el “orden constitucional” (desde Unidos Podemos a ERC, pasando por EH Bildu o el PNV). La coartada para esa Unión Sagrada no es otra que “la unidad de España está en peligro”. La derecha y sus apoyos lograron sacar adelante su plan: ninguna negociación, ningún acuerdo, ninguna concesión.

De hecho, en Catalunya se vive una especie de democracia suspendida desde que el Tribunal Constitucional anuló en el 2010 la parte sustancial del “pacto constituyente” entre el Parlament de Catalunya y el Congreso de los Diputados que dio lugar al Estatut de 2006 y que fue sometido a referéndum y aprobado por una mayoría de los catalanes.

En palabras del constitucionalista Javier Pérez Royo fue un “golpe de Estado” pues un tribunal jamás puede definir el “pacto político”. El régimen monárquico ha sido incapaz de rehacer ese pacto constituyente y una gran parte de los catalanes, que consideran Catalunya una nación, decidieron que querían ejercer libremente su derecho a decidir el tipo de relación con el Estado Español. Las fuerzas políticas partidarias de un referéndum, sean soberanistas o independentistas, no paran de crecer y ganar elecciones (cada vez el voto se desplaza más hacia la izquierda, hacia  EnComúPodem o ERC).

A la demanda de un referéndum, que apoyan 83 de los 135 escaños del Parlamento catalán y el 80% de la sociedad catalana, el Estado, su aparato judicial y legislativo, responde con la negativa a toda solución, negociación o diálogo.

De la misma manera que Rajoy afirmaba en su discurso de investidura que nada hay que negociar en el terreno económico pues “hay que cumplir con Bruselas” (es decir, acepta de hecho que España no tiene soberanía para decidir sus políticas públicas, que estas vienen impuestas por la Troika y, por tanto, hay que cumplir y punto), en relación a Catalunya tampoco hay nada que discutir pues no hay más soberanía que la española y ello implica negar la catalana o vasca o gallega… y punto. Cualquier otra interpretación es o será perseguida.

¿Cuántos cargos electos habrá que inhabilitar, detener, enjuiciar o encarcelar? ¿Hasta cuándo permitiremos que el Estado vaya avanzando en medidas autoritarias y sacrificando las libertades colectivas  para negar el reconocimiento y los derechos de las naciones que como Catalunya, Euskadi o Galicia conforman España? 

Es clave para las fuerzas de izquierdas enfrentarse a esta deriva autoritaria para ganar la batalla de la democracia. Una deriva autoritaria que crece en Europa y hemos visto reflejada en el resultado de las elecciones en los EEUU.

La defensa de los derechos y libertades forma parte de la misma lucha contra las consecuencias de los recortes y ataques a los derechos sociales del gobierno Rajoy. Son las dos caras de la misma moneda. Y en esa lucha hay que actuar de  manera independiente y no supeditada a los intereses de quienes invocan la “sagrada unidad de la patria” como Rajoy, Susana Díaz o Rivera porque lo que defienden es apuntalar un Régimen donde siempre ganan la misma clase dominante: la banca, las multinacionales, las patronales…  

Por eso, la recuperación de los valores democráticos y la reconquista de los derechos civiles, laborales y sociales están vinculadas al reconocimiento del derecho a la autodeterminación democrática, es decir al derecho a la independencia de las naciones que configuran España.

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