Reino de España: tres debates en la ciénaga

Tres hechos han removido la ciénaga en la que se ha convertido el Reino de España durante la última semana, provocando unos peculiares y apasionados debates que revelan tanto el “sentido común” imperante como el alcance de la crisis del régimen del 78.

El “cuponazo”

El primero de ellos se refiere a lo que Enric Juliana ha definido con gran maestría periodística como “el cuponazo”, en irónica referencia al premio gordo de la lotería de los ciegos. Se refiere, claro esta, a las contrapartidas obtenidas por el Partido Nacionalista Vasco (PNV) por su apoyo a los presupuestos del gobierno Rajoy de 2017. Y de paso a las de Coalición Canaria y las aun por cerrar de su acérrimo competidor, Nueva Canarias.

El PNV ha explicado con todo detalle en el Parlamento de Euskadi lo que ha obtenido en la negociación, para justificar también lo que ha quedado fuera. El debate entre Urkullu y la portavoz de EH Bildu, Larraitz Ugarte -“el precio que el PNV pone a este pueblo son esos 5.000 miserables millones”- tardará en ser digerido dentro y fuera de Euskadi. Pero la concepción de la bilateralidad aplicada a la negociación del cupo del concierto fiscal vasco implica aceptar una lógica de “suma-cero”. Y a esa “realpolitik” es difícil oponer cualquier criterio superior estratégico en nombre de la solidaridad. Sobre todo a posteriori: EH Bildu y Errekin Podemos apoyarán la Ley Quinquenal del Cupo producto de las negociaciones y llamarán a sus aliados a hacerlo también en el Congreso de los Diputados.

Cada voto de los cinco diputados del PNV supone el desembolso de 849 millones de euros. Durante los próximos cinco años, el gobierno central abonará al gobierno vasco 1.400 millones (de los 1.600 que reclamaba el PNV) en concepto de atrasos del cupo. Este queda fijado para los próximos 5 años en 956 millones anuales (frente a los 1.525 que Euskadi pagó en 2016). A ello hay que añadir las inversiones necesarias para que sea operativa la Y de alta velocidad en 2023, el desbloqueo de la oferta de empleo público autonómico, con especial incidencia en la policía autonómica, la Ertzaintza, que además tendrá acceso directo a la red informática de visados y control de fronteras Schengen. Pero fuera ha quedado cualquier propuesta de reforma del estatuto vasco y el clamor del acercamiento de los presos vascos a Euskadi y Navarra. Y por si quedarán dudas de los términos del acuerdo, el gobierno Rajoy ha recurrido ante el tribunal Constitucional la Ley de Abusos Policiales aprobada por el Parlamento vasco

Ni el apoyo a la investidura de Aznar en 1996 (junto con CiU y Coalición Canaria) ni el acuerdo con Zapatero en octubre de 2010 para el “desarrollo integral” del estatuto vasco se concretaron en cifras, que controla la hacienda vasca, como en esta ocasión.

Coalición Canaria, según sus portavoces, ha conseguido la desvinculación de la financiación autonómica del Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias –lo que supone un aumento de unos 200 millones anuales-, y 220 millones para sanidad y servicios sociales. Nueva Canarias pretende con 49 enmiendas agregar unos 450 millones para políticas sociales e infraestructuras. Y en el último momento se ha descolgado con una reforma que equilibre a favor de la proporcionalidad el actual sesgo territorial de la ley electoral canaria, que favorece especialmente a sus contrincantes de CC. Pero que tendrá que ser debatido y aprobado en el futuro en el Parlamento de Canarias.

No hay que decir que los resultados de la negociación (personal) de Rajoy con PNV, CC y NC –todavía están por conocerse las aportaciones de Ciudadanos (que dirá que ya lo había previsto en su acuerdo de legislatura con el PP, como es habitual), Unión del Pueblo Navarro y Foro por Asturias- han hecho saltar por los aires el principal acuerdo institucional de esta legislatura, la comisión para la reforma del sistema de financiación autonómico, aprobada en enero de este año por la Conferencia de Presidentes Autonómicos.  Su objetivo era precisamente evitar la negociación fiscal bilateral exigida por Cataluña por una del conjunto de las comunidades autonómicas –con la excepción de los conciertos vasco y navarro-, con el Ministerio de Hacienda como arbitro y la disciplina interna del PP y del PSOE que las gobiernan en su mayoría, en un ejercicio de bipartidismo responsable. Lo que queda ahora es una lista interminable e imposible de satisfacer de agravios históricos, en la que la asimetría de las desigualdades territoriales se convierten en una solidaridad forzada en nombre de la inexistente pero alegada “igualdad de todos los españoles”.

El Gobierno Rajoy ha salido al paso para garantizar que “no hay agravio comparativo alguno” y “hay 5.683 millones para repartir entre todas las comunidades”. Pero no parece que vaya a convencer ni a las Comunidades Autónomas no beneficiadas por el momento ni a la Unión Europea o el FMI, que una y otra vez han apuntado el peligro que supone el gasto de las comunidades, especialmente en sanidad, educación e infraestructuras, para el cumplimiento del déficit presupuestario del estado durante la Gran Recesión.

El “cuponazo” es el réquiem final del sistema de financiación autonómica y cierra a la vez la puerta de su negociación colectiva en el marco del régimen del 78. La bilateralidad, cuyo ejemplo para el resto no es tanto el concierto vasco como las concesiones a las dos variantes del autonomismo canario, abre una dinámica de presiones de muy difícil gestión con una deuda pública del 100% del PIB, en la que además las principales damnificadas serán, por razones obvias, las autonomías gobernadas por el PSOE.

Los avales de las primarias: la “rebelión de las masas” llega al PSOE

El segundo hecho que ha perturbado el tranquilo croar de las ranas ha sido la presentación de los avales de las primarias del PSOE. La supuesta avalancha de los aparatos a favor de Susana Díaz ha terminado con solo 6.000 apoyos más que los recogidos por Pedro Sánchez (59.390 frente a 53.117) y ha confirmado que Patxi López no solo no juega en la misma liga sino que además puede acabar restándolo votos no a Pedro Sánchez –como pretendían quienes alentaron su candidatura “unitaria”- sino a Susana Díaz.

Después de años en las que las acusaciones de “populismo” esconden a duras penas una defensa del derecho rector de las élites frente a la tardía “rebelión de las masas”, la perspectiva de una victoria interna del “no es no” a Rajoy abre una nueva interrogante sobre la solidez de los pilares del régimen del 78. A estas alturas, se esperaba que la alianza de viejas glorias y de los aparatos territoriales del PSOE que dieron el golpe en el comité federal del 1 de octubre de 2016 hubieran encauzado la desazón de los afiliados, por forzar la dimisión del secretario general que estos habían elegido en voto directo y permitir el segundo gobierno de Rajoy con la abstención impuesta al grupo parlamentario socialista.

La desazón está ahora del lado de los aparatos, a los que la prensa de derechas –es decir, casi toda-, además del PP, les reprocha ser incapaces de las manipulaciones de las que se les supone capaces. Las primarias socialistas se han convertido en la única válvula de escape de la indignación acumulada en esta legislatura ciénaga. Y a la indignación de los afiliados socialistas por el golpe se acumula la constatación de que todos los argumentos esgrimidos por los golpistas han resultado falsos: el PP ha sido capaz de sustituir el bipartidismo PP-PSOE por una confederación de derechas (PP-Ciudadanos-PNV-CC-NC) al amparo del reparto del “cuponazo”; la corrupción sigue mostrando cotidianamente el precio invisible de la gestión del PP consentida por el grupo socialista; la caída en las encuestas del PSOE sigue sin encontrar suelo; y lejos de dejar fuera la polarización política esta ha partido en dos al PSOE.

Como la disyuntiva es entre una vuelta al PSOE de un bipartidismo imposible o la búsqueda de una salida controlada de este que no suponga ser el chivo expiatorio, la posibilidad real de una victoria de Pedro Sánchez, alentada por una movilización de izquierdas de los afiliados, ha desatado todas las preguntas (y todos los temores entre las élites gobernantes) sobre sus consecuencias a corto y largo plazo.

De entrada, ha obligado a improvisar un Plan B del PP de Rajoy y a cambiar su estrategia de legislatura. La combinación “casual” de cronogramas entre el programa del gobierno y las primarias y el congreso socialista de la gestora del PSOE, solo ha funcionado a medias. Sí, permitió la formación del gobierno Rajoy (“si no se puede gobernar, hay que dejar gobernar”, Felipe Gonzalez dixit). Sí, ha permitido la aprobación vergonzosa de los presupuestos del “cuponazo” gracias a un diputado elegido en las listas del PSOE, aunque funcionase por su cuenta. Sí, ha creado un muro de contención entorno a Unidos Podemos y las confluencias, bloqueando una alternativa de izquierdas  (véase la carta de respuesta de Javier Fernández en relación a la propuesta de una moción de censura de UP). Pero no puede dar la ansiada “estabilidad” política que garantice la gestión de la recuperación a favor de los mismos intereses que durante la Gran Recesión. Ni apuntalar la crisis estructural del régimen del 78. El Plan A exigía un PSOE subalterno al PP, una vez que el surgimiento de Unidos Podemos imposibilitaba la alternancia. ¿Qué “estabilidad” puede ofrecer la coalición del “cuponazo”, que lejos de amainar alienta todas las dinámicas de la crisis territorial del régimen del 78?

Sí, Pedro Sánchez, contra todas sus expectativas e intereses, puede ganar las primarias socialistas este mes y abrir un nuevo frente de desgaste al gobierno Rajoy. Y de lo que discuten es que tienen que hacer para evitarlo, recurriendo a lo que haga falta: el “caso Heredia” es la prueba.

“La izquierda ha dejado de ser antifascista: no llama a votar a Macron”

El tercer debate no surge de un hecho, sino más bien de una manipulación o, si se quiere, de una “verdad alternativa”. Como el presidente de la gestora socialista en su carta, se insinúa que Unidos Podemos apoya, como haría Mélenchon, la abstención o el voto en blanco en la segunda vuelta de las presidenciales francesas; que en la disyuntiva entre una fascista y un exministro del gobierno Hollande-Valls, apoya indirectamente a la primera, porque el “populismo de izquierdas” y el “populismo de derechas” se dan la mano.

Que todos las organizaciones que han apoyado la campaña de Mélenchon en Francia hayan llamado a votar contra Le Pen (PCF, Ensemble!, Parti de Gauche…), que el propio Mélenchon haya hecho lo mismo, que se hayan realizado movilizaciones contra los mítines de Le Pen…nada cuenta. Lo que se exige es un voto afirmativo público a Macron. Lo que se pide es un cheque en blanco que legitime la continuación de las políticas neoliberales heredadas de Hollande y Valls y se facilite la construcción de un “partido del presidente” en las legislativas de junio amordazando la independencia ideológica y programática de la izquierda republicana y socialista.

Lo que las manifestaciones de Paris y la encuesta interna de Francia Insumisa han puesto de relieve es que la izquierda no está dispuesta a abandonar su proyecto político alternativo cara a las legislativas de junio en nombre de un pretendido chantaje “antifascista” de la derecha y el centro neoliberales. En primer lugar, porque han sido las consecuencias sociales de las políticas neoliberales aplicadas entre otros por Macron desde el gobierno las que han creado el caldo de cultivo del apoyo de una cuarta del electorado francés a Le Pen. En segundo lugar, porque la victoria de Macron va a permitir mantener esas políticas, prolongar la agonía de la Vº República y dar una segunda oportunidad a Marine Le Pen.

Lo que la izquierda francesa esta llevando a cabo es su propia campaña independiente contra Le Pen, al mismo tiempo que prepara desde ahora la resistencia contra el gobierno Macron. Mélenchon propuso a Macron tras la primera vuelta que se comprometiese a abolir la contrarreforma laboral, la Ley el-Khomry, como base de un frente antifascista contra Le Pen. Y Macron optó por un frente neoliberal contra el fascismo.

Lo que se pretende ahora es imponer una “verdad alternativa” sobre el antifascismo, negando la independencia de la izquierda para votar contra Le Pen en nombre de su propio programa, que tendrá que defender contra Le Pen y contra Macron en las elecciones legislativas de junio. Los resultados provisionales de la segunda vuelta de las presidenciales francesas, que dan a Macron un 65% a pesar del aumento de la abstención-algo más que las encuestas tras la primera vuelta- confirman esta orientación de “golpear por separado”.

No deja de ser patético que la derecha española, que ha sido incapaz de condenar el franquismo en el Congreso de los Diputados, que sabotea en los presupuestos –después de votar en contra- una pazguata Ley de Memoria Histórica, que sigue subvencionando un monumento como el Valle de los Caídos, pretenda dar lecciones de antifascismo, en el Reino de España o en la República francesa. Y es sintomático que la Gestora haya olvidado la independencia de clase e ideológica del antifascismo del PSOE, porque no es otra cosa lo que hizo forzando la abstención del grupo parlamentario socialista para permitir la continuación de las políticas neoliberales de Rajoy. Negando la posibilidad de una independencia estratégica en la lucha contra Le Pen, solo busca encubrir sus propias claudicaciones frente a Rajoy, aunque en ese caso el peligro eran unas nuevas elecciones o la “inestabilidad” del régimen del 78.


G. Buster / sinpermiso

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