Tortura e impunidad en la Asociación Estadounidense de Psicología

Ha pasado más de un año desde que el Presidente Barack Obama reconoció que “inmediatamente después de los atentados del 11 de septiembre hicimos cosas equivocadas. Hicimos muchas cosas bien, pero torturamos a algunas personas”. El gobierno del predecesor de Obama, el Presidente George W. Bush, diseñó cuidadosamente los fundamentos jurídicos para permitir lo que denominó “técnicas mejoradas de interrogatorio”, que no es más que un eufemismo para referirse a la tortura. Del complejo carcelario de Estados Unidos en la Bahía de Guantánamo a los calabozos de Abu Ghraib en Irak y la base aérea de Bagram en Afganistán, cientos, quizá miles de personas fueron sometidas a tortura en nombre de la “Guerra contra el terrorismo”. A excepción de algunos soldados raso en Abu Ghraib, ninguna persona ha sido responsabilizada de esto. La única persona de jerarquía enviada a prisión por el programa de torturas fue John Kiriakou, no por haber practicado la tortura, sino por haberla denunciado como informante.

Amy Goodman y Denis Moynihan | democracynow

La apariencia legal con la que se cometieron estos actos atroces se
fundó en gran medida en la cooperación de psicólogos profesionales que
capacitaron y asesoraron a los interrogadores y supervisaron el proceso
de “quebrar” de los prisioneros. Esta cooperación, a su vez, requirió la
aprobación oficial de la Asociación Estadounidense de Psicología (APA,
por sus siglas en inglés), la mayor organización de psicólogos
profesionales del mundo. En 2006, la Asociación Estadounidense de
Psiquiatría junto con la Asociación Estadounidense de Medicina
prohibieron que sus miembros participaran en interrogatorios militares.
No así la APA.

Tortura e impunidad en la Asociación Estadounidense de Psicología
Barack Obama

Este mes, la APA publicó un sorprendente
informe independiente que confirma lo que denunciantes y psicólogos
disidentes han sostenido durante casi diez años: que la APA conspiró con el Departamento de Defensa de Estados Unidos y la CIA para manipular las políticas, reuniones y a los miembros de la asociación para lograr que la APA
aprobara el programa de tortura del Pentágono. La junta directiva de la
asociación encargó el año pasado la realización de una investigación
independiente al ex fiscal federal adjunto David Hoffman. El informe de
542 páginas, conocido como “El informe Hoffman”, desmiente lo que la APA había afirmado en varias oportunidades: que ninguno de sus 130.000 miembros había sido cómplice de tortura.

Uno de los psicólogos disidentes es Stephen Soldz, catedrático de la
Facultad de Psicoanálisis de Boston y cofundador de la Coalición por una
Psicología Ética. “Desde al menos 2005 ha habido un gran debate en la
asociación y entre colegas de la profesión acerca de la participación de
psicólogos en los interrogatorios de seguridad nacional y en la
práctica de la tortura”, dijo Soldz en Democracy Now! tras la
publicación del informe. Soldz añadió: “La asociación lo ha negado. El
informe dice que la asociación se equivocó, los denominados disidentes,
los críticos teníamos razón. El informe concluye fundamentalmente que
hubo una conspiración que duró varios años entre los líderes de la
asociación y representantes de agencias de inteligencia del Gobierno de
Bush: el Departamento de Defensa y la CIA”.

El informe Hoffman investiga las prácticas de una un grupo de trabajo clave creado por la APA, el Grupo Presidencial de Trabajo sobre Ética Psicológica y Seguridad Nacional, también conocida como Grupo de Trabajo PENS.
El grupo fue creado en 2005 y, en teoría, debía reunirse para
establecer las normas éticas para los psicólogos que supervisaban los
interrogatorios.
Después de solo dos días y medio de deliberaciones, el
grupo concluyó que los psicólogos estaban desempeñando un “papel valioso
y ético” en su colaboración con las fuerzas armadas. El grupo PENS alentó a la APA
“a garantizar que las actividades de los psicólogos relacionadas con la
seguridad nacional son seguras, legales, éticas y eficaces”.
Posteriormente se reveló que seis de los nueve miembros del grupo con
derecho a voto eran funcionarios militares o de agencias de inteligencia
con vínculos directos con los interrogatorios llevados a cabo en
Guantánamo y otros lugares.

Jean María Arrigo, miembro del Grupo de Trabajo PENS
afirmó en Democracy Now!: “Valoro que me diga que me invitaron para
participar. En realidad, me nombraron para engañarme”. Arrigo fue la
primera persona que denunció al grupo de trabajo como una legitimación
de la tortura. Arrigo añadió: “La manipulación comenzó desde el
principio. Por ejemplo, me sentaban, no aleatoriamente ni por elección
propia, entre Morgan Banks, director del Equipo de Asesoramiento en
Ciencias del Comportamiento (BSCT) y el ahora presidente de la APA, Barry Anton, que era entonces el vínculo entre la junta directiva de la APA
y el grupo de trabajo”. Arrigo explicó que el grupo de trabajo era
básicamente dirigido por psicólogos del Pentágono, algunos de ellos
incluso vestidos de uniforme. A pesar de que se le pidió que no tomara
notas, igualmente lo hizo y desde entonces creó los archivos del Grupo
de Trabajo PENS en la Universidad de Colorado, Boulder. A Arrigo se le mintió sobre el proceso deliberativo del grupo PENS al sugerirle que en reuniones futuras abordarían sus preocupaciones acerca de la tortura.

El informe Hoffman está teniendo fuertes repercusiones en la APA. El director de la Oficina de Ética de la APA, Stephen Behnke, considerado el “jefe” de la conspiración entre la APA, el Pentágono y la CIA, ha sido destituido. Además, esta semana se jubilaron sorpresivamente el director ejecutivo de la APA, el Dr. Norman Anderson; el subdirector ejecutivo, el Dr. Michael Honaker; y la jefa de comunicaciones, Rhea Farberman.

Cuando le pregunté a Stephen Soldz si se deberían presentar
acusaciones formales, respondió: “Se demostró que estas personas y las
demás estuvieron muy involucradas en la conspiración. Trabajaban con
Behnke, eran informadas de lo que Behnke hacía, lo ayudaron, ayudaron a
seleccionar a los miembros del grupo de trabajo PENS,
trabajaron en las políticas y socavaron sistemáticamente la voluntad de
los miembros. Debería haber una investigación judicial”. Soldz está
instando a que el FBI y el Departamento de Justicia inicien una investigación. Mientras tanto, Stephen Behnke, el director de ética de la APA que fue destituido esta semana, ha contratado como abogado al ex director del FBI Louis Freeh.

© 2015 Amy Goodman
Traducción al español del texto en inglés: Mercedes Camps. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org

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