Violaciones de derechos humanos por parte de Coca Cola en Colombia

Resumen
La historia de Coca Cola en Colombia es la historia de un ataque
permanente contra los derechos laborales y los derechos sindical, que ha
significado entre otros el asesinato de mas de diez sindicalistas y
vínculos con grupos paramilitares.

26° período de sesiones del Consejo de derechos humanos 2014

Tema 3 Promoción y protección de todos los derechos humanos, civiles, políticos,
económicos, sociales y culturales, incluido el derecho al desarrollo
Declaración escrita del Centro Europa-Tercer Mundo (CETIM)

ONU símbolo: A/HRC/26/NGO/96

VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS POR PARTE DE COCA COLA EN COLOMBIA

La transnacional Coca Cola Company2 se
instaló en Colombia en 1940, mediante la franquicia otorgada a las
embotelladoras Indega S.A. en la zona centro, costa norte y nororiente
de Colombia, creándose otras franquicias como Bebidas y Alimentos de
Urabá. Las embotelladoras agrupadas en Indega S.A. fueron compradas en
1995 por Panamco Beverages Inc. y el 25% de cuyas acciones eran
propiedad de Coca Cola Company. En mayo de 2003, Fomento Mexicano S.A.,
por medio de la franquicia Coca Cola Femsa S.A., compró Panamco
conservando Coca Cola Company el 31,6% de las acciones de la empresa.
Esta tiene la franquicia en Colombia, con la cual opera en la mayoría de
países de Latinoamerica.

Con este marco legal tercerizado Coca Cola realiza la producción y venta
de sus productos preservando la propiedad de las marcas, manteniendo el
control accionario y la participación en las Juntas Directivas de las
empresas locales y controla también todo el proceso en lo que se refiere
a materias primas, insumos, producción, distribución y política
laboral, evadiendo la responsabilidad por las violaciones de derechos
humanos que se cometen.

Los impactos de las actividades de Coca Cola en Colombia incluyen efectos sobre el medio ambiente y la salud, entre otros3.
Pero sobre todo la historia de Coca Cola en Colombia es la historia de
un ataque permanente contra los derechos laborales y los derechos
sindical, que ha significado entre otros el asesinato de mas de diez
sindicalistas y vínculos con grupos paramilitares.

La extensión de la jornada y el incremento de los ritmos de trabajo ha
permitido a la transnacional operar con 5 embotelladoras de la sociedad
Coca Cola Femsa y cerrar 11 embotelladoras en el año 2003, despidiendo a
centenares de trabajadores. Los afiliados a Sinaltrainal iniciaron una
huelga de hambre en marzo del 2004, para tratar de evitar el despido
masivo de trabajadores. En 2014 con la entrada en funcionamiento de la
mega embotelladora que la empresa está construyendo en el municipio de
Tocancipá en Cundinamarca, se prevé que se habrá nuevos cierres de
embotelladoras y despidos de trabajadores.

Según documentos de la empresa y conocidos por los trabajadores
dirigentes de Sinaltrainal como los denominados: “Dia D”, “Plan
Pandrino” y “el Corrientazo”, Sinaltrainal es considerado un obstáculo
en el objetivo de reducción de los costos laborales, por oponerse a las
formas de subcontratación que involucra cerca del 70% de los más de 7000
trabajadores que explota la empresa, por medio de empresas de fachada
muchas de ellas de propiedad de la misma transnacional, entre otras:
Atencom S.A.S., Imbera, OXXON, FL Colombia S.A.S., que simulan el
contrato de trabajo directo e impiden la asociación sindical, evitan de
esa forma aplicarles los beneficios establecidos en la Convención
Colectiva de Trabajo. Sinaltrainal se resiste a los denominados RH
positivos (plan de recursos humanos), que es el método de la
transnacional para debilitar al sindicato (que ahora tiene solo 287
trabajadores afiliados), eliminar la Convención Colectiva de Trabajo y
ejercer presiones ilegales sobre los trabajadores para que renuncien a
sus contratos de trabajo.

El 10 de Agosto de 2004, la transnacional, con la anuencia del
Ministerio del Trabajo, revocó los Estatutos de Sinaltrainal logrando
así impedir las afiliaciones de los trabajadores tercerizados. La
empresa solicitó a jueces de la República que ilegalizaran las
seccionales de Sinaltrainal en Bogotá, Girardot, Santa Marta, Cali y
Villavicencio entre otras, sin lograr su objetivo. Esta última ha
enfrentado este ataque varias veces y actualmente estamos enfrentados al
proceso No 0240-2012 en el Tribunal Laboral de la ciudad de Bogotá,
mediante el cual la embotelladora de Coca Cola de Villavicencio
nuevamente solicita que se declare la ilegalidad y han intentado –sin
lograrlo– conseguir que jueces autoricen el despido de dirigentes.

Para aterrorizar a los trabajadores a fin de que no se afilien a
Sinaltrainal o renuncien a la afiliación sindical, se ha usado a los
victimarios para pretender ser víctimas: la administración de la
transnacional desarrolla campañas sistemáticas de estigmatización contra
los afiliados de Sinaltrainal publicando imágenes de trabajadores y
familias acusándolos de vandalismo y dañar la propiedad. Han causado
perjuicios morales y materiales, poniendo en peligro la vida e
integridad de varios integrantes de Sinaltrainal4,que han
sido involucrados en procesos penales acusados de injuria, calumnia,
daño al bien ajeno, concierto para delinquir, rebelión, terrorismo,
entre otros, siendo injustamente encarcelados más de 12 dirigentes de
Sinaltrainal. Les fue dictada orden de captura, situación que fue
aprovechada por la transnacional para notificarles el despido por “justa
causa”. Pero la empresa fue obligada a reincorporarlos a sus puestos de
trabajo al ser declarados inocentes5.

Para impedir la libertad sindical, la transnacional militariza la
represión de la protesta. Como muchos otros casos, están los hechos
sucedidos en la embotelladora en Medellín, el 17 de diciembre de 2010,
donde ingresó la policía con carros blindados para sacar por la fuerza a
los trabajadores y afiliados a Sinaltrainal que se negaban a movilizar
los vehículos de distribución. Individuos en representación de Coca
Cola, escoltados por policías, se presentaron al domicilio de
trabajadores con notificaciones de despido.

El conflicto social, político y armado que se vive en Colombia desde
hace más de 50 años, es usado como pretexto por el Estado y las
transnacionales como Coca Cola para desarrollar la política
antisindical, pretendiendo relacionar la actividad sindical, las
reclamaciones y la protesta de los trabajadores con acciones de
organizaciones al margen de la ley o autoras de hechos violentos. Varios
integrantes de Sinaltrainal que laboran para las embotelladoras de Coca
Cola han sido acusados infundadamente por el Departamento
Administrativo de Seguridad (DAS), de constituir un peligro para la
seguridad nacional.

La transnacional ha sido cuestionada por las evidencias del vínculo y
apoyo a la guerra que desarrollan las fuerzas de seguridad del Estado,
ejemplo de ello es la reunión de funcionarios de las embotelladoras de
Coca Cola en la base militar de Tolemaida, que con el lema Coca Cola
Guiados por el orgullo, en febrero de 2010 y vestidos de prendas
militares participan en entrenamiento de maniobras de guerra6.

Cabe agregar los 68 trabajadores afiliados a Sinaltrainal que laboran
para las embotelladoras de Coca Cola desde 1984 y que están siendo
amenazados de muerte, los exiliados7, los desplazados con sus familias que la empresa se niega a reubicar en otras ciudades8, los trabajadores encarcelados por falsas acusaciones9, los 11 asesinados10,
cinco de los cuales trabajaban en la embotelladora de Carepa Antioquia,
uno de ellos, Isidro Segundo Gil, asesinado dentro de la embotelladora
el 5 de diciembre de 1996, precisamente el día que se cumplía el tiempo
legal para que la empresa iniciara las conversaciones del pliego de
peticiones de Sinaltrainal11. Los mismos asesinos derribaron las puertas de la sede de Sinaltrainal y procedieron a prender fuego a sus instalaciones.

El 26 de diciembre de 1996, otro trabajador de la empresa Coca Cola en
Carepa fue sacado a la fuerza de la embotelladora por presuntos
paramilitares y fue asesinado cerca al cementerio de Chigorodó
(Antioquia)12. Solo en el caso del asesinato de Adolfo de jesús Munera López se ha condenado un autor material13, en los otros casos las investigaciones no resultaron en ninguna condena.

En 2002 se presentó ante un juez de la Corte del Distrito de Miami,
Florida, una denuncia contra Coca-Cola, con sede en Atlanta, por su
presunta complicidad en el asesinato de sindicalistas colombianos.

“Queremos justicia y que la gente sepa la verdad acerca de lo ocurrido
en Colombia contra los trabajadores de Coca-Cola”, dijo Javier Correa,
el presidente de Sinaltrainal. La denuncia está relacionada con el
asesinato del sindicalista Segundo Gil en 1996, poco después de que
Richard Kirby, el propietario estadounidense de una planta embotelladora
de Carepa, Antioquía, dijera que haría lo necesario para matar y hacer
desaparecer a los trabajadores que intentaran sindicalizarse y se habría
puesto de acuerdo con pistoleros para ese fin.

La cuestión central, dice Terry Collingsworth, un jurista de la
International Labor Rights Fund, es: “¿Por qué Coca-Cola no intervino
para poner fin a la violencia?”. Y agrega: “Coca-Cola, como muchas
compañías, controla el producto y recoge los beneficios, pero argumenta
que no tiene responsabilidades respecto de los trabajadores”.

La respuesta de Coca Cola fue denunciar ante la Fiscalía a integrantes
de Sinaltrianal, por haber llevado el caso ante los tribunales de los
Estados Unidos14. Y el 11 de Agosto de 2009, el juez de
Estados Unidos Thomas K. Kahn Clerk termina el caso presentado en la
corte por Sinaltrainal contra Coca Cola, declarandóse incompetente para
tratar el caso y ratificando la no existencia de la jurisdicción15.

En Abril de 2006, el Tribunal Permanente de los Pueblos Capitulo
Colombia juzgó a Coca cola y otras multinacionales entre ellas a Nestlé,
responsables de violar los derechos humanos de los trabajadores y del
intento por destruir a Sinaltrainal, y del saqueo de los recursos
naturales en Colombia, especialmente el agua.

Por la presión internacional, el Centro Carter de EEUU se reunió con
representantes de Coca Cola y Sinaltrainal y luego se iniciaron
conversaciones con la transnacional en marzo de 2007, pero la
transnacional estaba ganando tiempo buscando parar la presión de la
denuncia para cambiar las condiciones de un eventual acuerdo.

Sinaltrainal ha acudido al Comité de Libertad Sindical de OIT mediante queja16
que ha sido ampliada en varias ocasiones por violaciones de derechos
humanos cometidas por Coca cola en Colombia y las recomendaciones
emitidas en junio 200 17 no han sido respetadas.

Ante la persecución de que son víctimas los trabajadores de las
embotelladoras de Coca Cola, y por el alto peligro en que se encuentra
su vida e integridad, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha
dictado Medidas Cautelares para 26 afiliados de Sinaltrainal.

El 9 de octubre del año 2012, el European Center for Constitutional and
Human Rights (ECCHR) y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo
(CAJAR) de Colombia con el apoyo de la Central Unitaria de Trabajadores
(CUT) presentaron una comunicación ante la Oficina de la Fiscal de la
Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya, solicitando que se inicie
una acción penal con respecto a la violencia anti-sindical en Colombia.
Entre los casos presentados están varios de los asesinatos de dirigentes
de Sinaltrainal.

En 2008 la OIT realizó una misión a Colombia para evaluar la situación
pero no tuvo en cuenta los hechos pasados: los asesinatos, amenazas de
muerte, atentados, intentos de secuestro, los ataques al sindicato, los
despidos masivos, el daño al medio ambiente y no valoró ni aceptó las
pruebas de dichos hechos presentados por Sinaltrainal.

La impunidad de la cual sigue beneficiándose Coca Cola por las
violaciones de los derechos humanos y de los derechos laborales y
sindicales en Colombia, ilustra la necesidad de contar con un
instrumento internacional vinculante que permita controlar las
actividades de las empresas transnacionales y de sus impactos en los
derechos humanos así como garantizar justicia y reparación a las
victimas.

Solo un instrumento internacional vinculante para las transnacionales
puede generar una presión legal, social y política para que pongan fin a
su conducta reiterada de exterminio sindical y precarización del
mercado laboral y obligar al Estado colombiano para que enjuicie y
castigue a los responsables de la persecución de los sindicalistas
colombianos.

Por lo anterior, el Centro Europa-Tercer Mundo (CETIM) solicita al
gobierno de los Estados Unidos que cumpla con su obligación de asegurar
que las empresas transnacionales que tienen su sede en su territorio no
violen los derechos humanos en sus operaciones en otros países y, de ser
el caso, garantizar el acceso a la justicia a las victimas. Llamamos en
particular al gobierno de EEUU a intervenir para poner fin a los
ataques incesantes de Coca Cola contra los derechos humanos, los
derechos laborales y los derechos sindicales en Colombia, y asegurar que
las victimas obtengan justicia y reparación.

El CETIM solicita también al gobierno colombiano que cumpla con su
obligación de asegurar el respeto y la protección de los derechos
humanos en Colombia, en particular los derechos laborales, sindicales y
de asociación pacifica, y tomar de manera urgente todas las medidas para
garantizar la seguridad y la integridad física de los sindicalistas de
Sinaltrainal. Llamamos en particular al gobierno colombiano a poner fin a
los ataques permanentes de Coca Cola contra los derechos humanos en
Colombia y garantizar justicia y reparación para las victimas de sus
actividades.

El CETIM solicita al Relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales,
sumarias o arbitrarias y al Relator especial sobre el derecho a la
libertad de reunión y de asociación pacificas seguir de cerca este caso y
realizar una visita a Colombia.

Por otra parte, el CETIM solicita al Consejo de derechos humanos
establecer un grupo de trabajo intergubernamental con el mandato de
desarrollar un tratado internacional vinculante para controlar las
empresas transnacionales y garantizar el acceso a la justicia para las
victimas de sus actividades.
 ———————————————————–

1. Esta declaración se ha elaborada en colaboración con SINALTRAINAL-Colombia.
2. Con casa matriz en Atlanta, Georgia,
3. A titulo de ejemplo, se ha criticado a la transnacional por haber
importado azúcar, productos, materias primas e insumos perjudicando a
los productores nacionales, consumir grandes cantidades de agua durante
años, arrojar desechos industriales a las fuentes de agua, incluso ha
sido multada por contaminar humedales. Además se negó a resolver la
petición presentada por Sinaltrainal para que reduzca la emisión de
grandes cantidades de gases con efecto invernadero y repare los daños
causados (ver noticias:
http://www.prensaverde.org.co/prensa01.php?mncr=1&sbmn=1&ppc=1&ppf=1&codnot=11000476,

http://www.salvacionagropecuaria.net/gaseosa%20importa%20azucar%20del%20brasil.htm,
y http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-2510753). Se ha
denunciado que los productos de Coca Cola contienen sustancias nocivas
para la salud que causan perjuicios a la población infantil. Josh Gold
vocero de Coca Cola anunció que el aceite vegetal brominado (BVO) que es
usado en las bebidas Fanta, Powerade y otras como en bebidas con
sabores a cítricos, sería retirado y reemplazado por acetato isobutirato
de sacarosa. En EEUU se acordó retirar de las escuelas los productos
azucarados, pero en Colombia la transnacional no ha tenido en cuenta la
solicitud de Sinaltrainal de extender este acuerdo para proteger la
salud de los niños (ver Noticia:
http://www.telesurtv.net/articulos/2014/05/06/coca-cola-retira-aceite-vegetal-bromado-de-sus-bebidas-3399.html
y http://www.eluniversal.com.mx/notas/686248.html).
4. Entre ellos su presidente Luis Javier Correa, Efrain Guerrero, Luis Eduardo Garcia, Efrain Surmay y Alfredo Porras.
5. En todas las acusaciones los jueces han absuelto a los dirigentes de
Sinaltrainal : Dirección Seccional de Fiscalías de Bogotá No 55, el 20
de Febrero de 2006, proceso 675549 absolvió Luis Javier Correa Suarez
Luis Eduardo Garcia, Efrain Guerrero y William Mendoza), procesos 76988
de fecha 21 de Junio de 2000, proceso 7834 de fecha 12 de Mayo de 1995,
proceso 3427 del 16 de febrero de 1993, proceso 3522 del 19 de Noviembre
de 1984, entre otros.
6. El 8 de febrero de 2010 en el fuerte militar colombiano de Tolemaida
(Centro nacional de entrenamiento- CENAE) en el municipio de Melgar
Tolima, se realizó la convención de Coca Cola – FEMSA titulada “Guiados
por el Orgullo”.  Valga la pena recordar que Tolemaida es una de las
bases militares de Estados Unidos en territorio colombiano.
7. Luis Adolfo Cardona, desplazado de Carepa Antioquia, luego de fugarse
de los paramilitares que lo llevaban para torturarlo y asesinarlo,
Alfredo Porras Rueda luego de ser encarcelado y acusado falsamente de
ser guerrillero.
8. Etiel Aragón de la ciudad de Santa marta y Juan Carlos Galvis de la
ciudad de Barrancabermeja fueron amenazados de muerte, se fueron con sus
familias y por la negativa de la empresa a permitirles su reubicación,
les toca regresar a laborar a la ciudad donde están amenazados de
muerte. Lo mismo ocurió con varios otros trabajadores afiliados a
Sinaltrainal.
9. Rodolfo Pérez, Alfredo Porras Rueda, Álvaro González, Sergio López,
Domingo Flórez, Luis Eduardo García, los 4 últimos despedidos.
10. José Eleazar Manco David (8-04-1994 Carepa Antioquia), Luis Enrique
Giraldo (Carepa Antioquia 20-04-1994), Luis Enrique Gómez Granados
(23-04-1995 Carepa Antioquia), Avelino Anchicanoy Erazo (Pasto Nariño
31-07-1990), Isidro Segundo Gil (Carepa Antioquia 5-12-1996), José
Libardo Herrera Osorio (26-12-1996, Carepa Antioquia), Guillermo Gómez
Maigual (Muerto dentro de la embotelladora en Nariño Pasto 20-04-98),
Oscar Darío- Soto Polo (21-06-2001 Montería Córdoba), Adolfo de Jesús
Múnera López (31-08-2002 Barranquilla Atlántico), Ricardo Ramón Paublott
Gómez (26-01- 2012 Barranquilla Atlántico).
11. El 18 de Noviembre de 2000, presuntos paramilitares sacaron de su
casa a la la compañera viuda de Isidro Segundo Gil Gil y la asesinaron.
12. El señor José Libardo Herrera Osorio, tambien afiliado a Sinaltrainal.
13. Proceso 164 de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía en Bogotá.
14. Proceso 585334 del 28 de Julio de 2003, Fiscal Seccional 61 acusó
por injuria y calumnia a Luis Javier Correa Suarez, Jorge Humberto Leal,
juan Carlos Galvis, Luis Eduardo Garcúia, Álvaro González, José Domingo
Flórez y Edgar Alberto Páez Melo. El 13 de Enero de 2004 la Fiscal 25
los absolvió.
15. Caso No. 06-15851, D. C. Docket No. 01-03208-CV-JEM
16. Radicada el 18 de septiembre de 2007 caso 2595.
17. El 305° Consejo de Administración de la OIT, en junio 2009, aprobó
el Informe n°354 del Comité de Libertad Sindical en el cual se
encuentran las recomendaciones (párrafos 485 a 588).

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